El Gobierno de Mariano Rajoy ha minimizado este viernes la efectividad del decreto de la función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía para frenar los desahucios y ha asegurado que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, "tendrá que explicar" qué "añadidos" supone al decreto ley aprobado por el Ejecutivo.

Así lo han indicado fuentes gubernamentales después de que el Grupo Socialista en el Congreso haya recogido el texto íntegro de la Junta de Andalucía autorizando las expropiaciones forzosas del uso de vivienda propiedad de personas jurídicas durante tres años en caso de desahucio de familias en situación de vulnerabilidad. Los socialistas lo han presentado como enmienda del proyecto de Ley Antidesahucios que actualmente está en tramitación parlamentaria.

La Abogacía del Estado está estudiando la constitucionalidad del texto andaluz, según las fuentes consultadas. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido que hay "dudas" sobre su constitucionalidad porque afecta al derecho de la propiedad privada y ha agregado que los Ministerios de Fomento y Justicia están analizando el texto.

Desde el Ejecutivo se recalca que el decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno de José Antonio Griñán abre un "complejo" proceso de expropiación que se alarga en el tiempo porque es "muy garantista".

El gobierno compara los decretos

De hecho, Saéz de Santamaría ha recordado que en ese proceso de expropiación hay que pagar un justiprecio que corre a cargo del que se queda en la vivienda "con el límite del 25 por ciento de sus ingresos".

Además, la vicepresidenta ha señalado que el decreto andaluz exige que los ingresos de la unidad familiar no superen tres veces el Iprem, el mismo límite de renta que establece el decreto estatal, pero este último permite que pueda ser de cuatro o cinco veces para casos de "especial vulnerabilidad".

Finalmente, ha dicho que le "consta" que la Administración regional tiene "viviendas de protección oficial vacías" y ha mantenido que la ocupación de las mismas "sería un mecanismo mucho más ágil y rápido que una expropiación forzosa".