La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, ha defendido la norma aprobada por el Ejecutivo para evitar los desahucios y ha retado a la Junta de Andalucía a que explique qué aporta su iniciativa de expropiar temporalmente viviendas de bancos o inmobiliarias para evitar los desalojos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saenz de Santamaría ha considerado que debe ser la Junta de Andalucía quien explique qué añade la norma autonómica al decreto aprobado por el Gobierno que paraliza ya el desahucio.

La vicepresidenta ha señalado que la norma andaluza habla de expropiar temporalmente las viviendas para evitar los desalojos de personas en riesgo de exclusión social, las que ya no pueden ser desahuciadas según el decreto aprobado por el Gobierno. Es más, ha destacado que los criterios que utiliza la Junta de Andalucía para considerar a una familia en riesgo de exclusión social son los mismos que los del Estado.

Por otro lado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el Gobierno ha cumplido la ley en la actuación policial ante los escraches y que el trato ha sido el mismo en todos los casos, incluido el sufrido por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Fernández Díaz ha hecho estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que la vicepresidenta le cediera la palabra para responder a una pregunta dirigida a ella sobre el escrache que el pasado viernes protagonizó una treintena de personas frente a la casa de Sáenz de Santamaría.

Por "desgracia", ha relatado el titular de Interior, la vicepresidenta padeció, al igual que otros muchos cargos públicos, un acto "radicalmente antidemocrático de acoso y hostigamiento" con el que se pretendía, a su juicio, "coaccionar" la libertad política y de voto de ella y de otros diputados, algo que no conseguirán, ha enfatizado. Fernández Díaz estuvo en todo momento en contacto telefónico permanente con ella y lamentó muy especialmente, según ha confesado, que "lo viviera su hijo pequeño, Iván", como también lo están sufriendo "por desgracia los familiares de los cargos públicos" que padecen estas situaciones.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno ha explicado que es precisamente esa sala de prensa del Palacio de La Moncloa o el Congreso donde ella se somete a las preguntas de los informadores y explica la posición del Gobierno para que llegue a la opinión pública. "Mi casa es otro terreno, el de mi vida personal y sobre todo el de mi familia", ha añadido Sáenz de Santamaría.

Para el ministro, con los escraches se está atentando contra el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de los derechos de los ciudadanos, entre ellos los vecinos de un cargo público que no tienen por qué sufrirlos. En cualquier caso, en estos casos se ha aplicado lo previsto en la legislación, en concreto en la Ley del Derecho de Reunión y en la de Seguridad Ciudadana, "totalmente vigentes", ha resaltado el ministro. De este modo, ha recordado que en la ley del Derecho de Reunión se obliga a que las reuniones y concentraciones con una finalidad determinada sea comunicada a la autoridad gubernativa correspondiente, mientras que la de Seguridad Ciudadana tipifica como falta muy grave que no se cumpla ese requisito.

Por tanto, ha aseverado el ministro, "no se ha hecho nada más y nada menos que aplicar dos leyes orgánicas" en las propuestas de sanción de la Delegación del Gobierno a los organizadores y otros participantes de la protesta en la vivienda de Sáenz de Santamaría y de otros políticos que "han padecido estos radicales y antidemocráticos actos violentos".