El Grupo Socialista en el Congreso ha recogido el texto íntegro de la Junta de Andalucía autorizando las expropiaciones forzosas del uso de vivienda propiedad de personas jurídicas durante tres años en caso de desahucio de familias en situación de vulnerabilidad, y lo ha presentado como enmienda del proyecto de ley Antidesahucios que actualmente está en tramitación parlamentaria.

La responsable socialista de Vivienda, Leire Iglesias, ha explicado en rueda de prensa que entre las propuestas de modificación del PSOE al proyecto de ley de Deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social —resultado de la fusión del proyecto de ley del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular de dación en pago— se cuenta una que recoge literalmente la medida aprobada esta semana por Andalucía.

En concreto, la enmienda prevé que la cobertura de las necesidades de vivienda de los ciudadanos sea declarado "interés social", previendo así la posibilidad de expropiación forzosa del uso de la vivienda por un plazo máximo de tres años, cuando la propiedad sea de una entidad financiera, filial inmobiliaria o entidad de gestión de activos. Transcurrido ese tiempo, la propiedad recuperará el uso de la vivienda.

Condiciones económicas y familiares

Los beneficiarios de esta posibilidad deberán ser deudores de buena fe cuyas circunstancias económicas hayan variado sustancialmente en los últimos años —que la carga hipotecaria sobre los ingresos familiares se haya multiplicado por 1,5—, que destinen al menos un tercio de sus ingresos a pagar la vivienda, siempre que no superen en tres veces al Iprem.

Además, debe tratarse de la vivienda habitual y la única en propiedad de la unidad familiar, y ha de constatarse que el lanzamiento "puede generar una situación de emergencia o exclusión social" mediante informe de los servicios sociales del municipio.

De hecho, aunque los expedientes se resolverán en orden de registro, se dará prioridad a los casos en que el lanzamiento sea inminente o aquellos de "especial vulnerabilidad", como son las familias con menores de edad, mayores dependientes, discapacitados, víctimas de violencia de género o parados sin prestaciones, así como quienes tengan una vivienda con protección pública.

Los beneficiarios deberán, no obstante, contribuir al pago del justiprecio en cuantía no superior al 25% de sus ingresos ni a la cuantía del justiprecio. La medida se aplicará a las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la ley siempre que no haya habido aún desahucio, o en aquellos en que la vivienda siga estando vacía.

"es absolutamente legal"

Además, los socialistas también recuperan vía enmiendas las previsiones de la Junta de Andalucía de sancionar a las entidades financieras que tengan viviendas vacías y exigir que el Gobierno incorpore al Plan Estatal de Vivienda 2013-16 las medidas oportunas para que las comunidades autónomas adopten actuaciones "eficaces" que aseguren el cumplimiento efectivo del destino de las viviendas al uso habitacional.

"Estas medidas son jurídicamente correctas, políticamente valientes y socialmente justas. Hay quien entiende el uso público de las expropiaciones y quien quiere defender el uso privado con recursos jurídicos, pero los servicios jurídicos de la Junta han analizado la medida y nosotros entendemos que es correcta y que no hay dudas jurídicas", ha defendido Iglesias.

A renglón seguido, ha mencionado otras dos propuestas de cambio que ha registrado el PSOE para evitar, por una parte, que las personas desahuciadas tengan que pagar impuestos por unas supuestas plusvalías y que sean las entidades financieras las que hagan frente a esa obligación; y que el Gobierno elabore estadísticas periódicas del número de viviendas vacías, las ejecuciones presentadas y los lanzamientos, así como que promueva la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas en las comunidades autónomas.

"Ayer conocimos datos muy reales, que no son ficciones ni especulaciones, de que más de 30.000 familias perdieron su casa el año pasado. Una familia cada quince minutos. Esta situación social no requiere maquillajes, sino respuestas y soluciones reales. Hay que proteger a los deudores sobrevenidos y no dolosos. Hoy el Consejo de Ministros tiene una nueva oportunidad para parar los desahucios hasta que tengamos un nuevo texto", ha reclamado la socialista.

Procedimiento tramposo

Finalmente, otras tres enmiendas de los socialistas —que mantienen no obstante todas las propuestas de modificación que presentaron en su día tanto al proyecto de ley del Gobierno como a la iniciativa ciudadana— piden la retirada del texto definitivo y la recuperación de las dos propuestas originales.

Según el PSOE, el texto redactado por el PP supone "un fraude del procedimiento reglamentario" ya que se ha "alterado profundamente el contenido" normativo de la ILP hasta "hacerlo desaparecer" en lo que califican de "desprecio" a la voluntad de los ciudadanos y también del Congreso, que aprobó su admisión a trámite por unanimidad.

"Haremos un voto particular para rechazar este fraude, estas artimañas del PP que ha sumado los dos textos para que desaparezca la iniciativa popular. Denunciamos este procedimiento de desconcierto, desinformación y engaño, y pedimos la recuperación de los dos textos originales. El PP ha hecho un auténtico 'escrache' a la ILP con un procedimiento tramposo", ha criticado la extremeña.

Además, el próximo martes los socialistas volverán a pedir a la Mesa del Congreso que el proyecto de ley definitivo sea debatido en Pleno y no que la Comisión de Economía pueda aprobarlo con competencia legislativa plena. El mismo martes también se celebrará una nueva sesión de Ponencia, mientras que el debate y aprobación del dictamen se prevé para el jueves o, como muy tarde, para el martes 23 de abril. Después, la norma será enviada al Senado.