La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha minimizado este viernes la efectividad del decreto de la función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía argumentando que el Gobierno central ya aprobó un decreto ley que establece la paralización de los lanzamientos de las personas en riesgo de exclusión social durante dos años.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha defendido así que la normativa estatal ya frena durante esos dos años los desahucios. "Una familia en riesgo de exclusión social ya no sale de su casa en el plazo de dos años por el decreto ley aprobado por el Gobierno", ha subrayado.

Tras señalar que los gobiernos no están "para el titular sino para hacer medidas efectivas" y no para hacer anuncios, la vicepresidenta ha indicado, además, que los ministerios de Justicia y Fomento analizan de forma "exhaustiva" la constitucionalidad de la medida.

La vicepresidenta ha criticado además, que el decreto andaluz añade un "complejo" proceso de expropiación y, en lo que se refiere a los ingresos de la unidad familiar en riesgo, ha señalado que el decreto andaluz exige que éstos no superen tres veces el Iprem, el mismo límite de renta que establece el decreto estatal pero, "a mayores", éste establece que pueda ser de cuatro o cinco veces para casos de "especial vulnerabilidad".

Así las cosas, la vicepresidenta ha pedido a la Junta que explique "qué añade a mayores" la normativa andaluza a un decreto ley del Estado que "ya impide el lanzamiento y lo paraliza inmediatamente sin necesidad de un complejo proceso de expropiación en el que hay que pagar un justiprecio".

Sobre ese justiprecio, ha añadido, que según la norma regional debe pagarlo el que se queda en la vivienda, con el límite del 25 por ciento de sus ingresos, "cosa que no ocurre en la prohibición de lanzamiento que fija Estado".

Además, ha subrayado que la Junta somete esta medida a que haya disponibilidad presupuestaria, por lo que considera que la administración regional "tendrá que explicar con sus presupuestos si las tienen o no", mientras que en lo aprobado por el Estado, la prohibición de lanzamiento directamente por ley, se hace "sin procedimiento administrativo posterior y sin pagar justiprecio".

Vpo vacías

Por otro lado, la portavoz ha aseverado que, a pesar de que no tiene datos "exactos" porque "la Junta no los ha suministrado", al Gobierno le "consta" que la Administración regional tiene "viviendas de protección oficial vacías" y ha mantenido que la ocupación de las mismas "sería un mecanismo mucho más ágil y rápido que una expropiación forzosa" sería eso, en alusión a la ocupación de esas viviendas.

En este sentido, ha ensalzado que el Gobierno central ha aprobado el fondo social de viviendas para que aquellos ciudadanos que han sido lanzados puedan tener una vivienda a precio razonable.