El portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, valora la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar temporalmente el uso de las viviendas de las entidades financieras de las que se desahucie a familias vulnerables, siempre y cuando contemplen una indemnización al banco, pero duda de la utilidad de sancionar por tener pisos vacíos.

Así lo ha explicado en rueda de prensa en la Cámara Baja tras ser preguntado por esta medida aprobada por el Gobierno andaluz y que el PSOE ha incluido como enmienda al proyecto de ley Antidesahucios que se está tramitando en las Cortes.

"La medida tiene dos aspectos. Creo que la decisión de gravar los pisos vacíos de las entidades financieras no tiene mucho sentido, porque estas viviendas están en sus manos contra su voluntad porque no encuentran comprador, así que va contra el sentido común sancionarles para incitarles a que se deshagan de ellas, porque ya lo están intentando", ha reflexionado.

Sin embargo, la decisión de expropiar temporalmente el uso de pisos propiedad de entidades de crédito "puede tener un sentido social", si bien el diputado de la formación magenta subraya que "es importante que haya una indemnización a las entidades financieras". "No obstante, nuestra propuesta es hacer un parque más amplio de vivienda con los pisos vacíos para dar salida a las familias desahuciadas, sobre todo porque buena parte de esas viviendas están en manos del Estado a través del FROB", ha precisado.

Solucionar el problema

Además, ha señalado que UPyD mantendrá todas las enmiendas que ya presentó al proyecto de ley del Gobierno y a la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago —ahora refundidos en un texto único— excepto media docena de cambios técnicos que han sido incorporados ya a la iniciativa.

Así, la idea general que inspira estas enmiendas es la de incorporar la dación en pago para los nuevos contratos hipotecarios siempre que el titular y el banco quieran acordarlo, y facilitar la segunda oportunidad para quienes ya están afectados por una situación de sobreendeudamiento, de tal manera que se "igualen los derechos de las personas físicas con los de las personas jurídicas".

En concreto, la formación magenta defiende que los ciudadanos deberían poder acogerse a un proceso equivalente al concurso de acreedores de las empresas, de tal manera que sólo tengan que hacer frente a su deuda hipotecaria con el patrimonio presente, quedando después "liberados para poder rehacer su vida".

"Esta idea no se incorpora en absoluto en el texto del Gobierno, que ha sido muy poco receptivo a las propuestas de la oposición", ha lamentado Anchuelo, criticando que se deje pasar esta oportunidad de arreglar un "problema social muy grave" con medidas "de mínimos" para "guardar las apariencias". "Pero volveremos a plantear estas ideas en el futuro", ha zanjado.