La Xunta evaluará de forma individual el "comportamiento y conducta profesional" de los empleados públicos, así como su "grado de interés y esfuerzo" en la realización de su trabajo, la mejora en la formación y el grado de cumplimiento de los objetivos en las unidades a las que pertenecen. En cualquier caso, promete "objetividad" en estos análisis.

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, ha presentado este viernes a los representantes sindicales (de CIG, CC.OO., UGT y CSIF) el borrador de la ley de empleo público, aprobado este sábado en el Consello de la Xunta. Tras el encuentro, ha reiterado que la voluntad del Gobierno gallego es negociar "y enriquecer el texto" con las aportaciones sindicales.

Por su parte, los representantes de los trabajadores han manifestado que deben analizar en profundidad el borrador, que tiene 226 artículos, aunque han avisado de que la norma puede introducir "subjetividad" en esas evaluaciones del desempeño y han dicho temer que se apliquen "restricciones de derechos".

Muñoz Fonteriz ha indicado que esas evaluaciones individuales tendrán en cuenta diferentes aspectos, pero estarán "siempre valorados desde la objetividad por parte de la administración". La conselleira ha explicado que la futura ley establecerá unas "líneas generales" y disposiciones posteriores —también negociadas con los sindicatos— desarrollarán la norma para concretar algunos capítulos, como éste.

"Siempre va a ser una evaluación objetiva", ha incidido la titular de Facenda, que ha asegurado que "los superiores jerárquicos tendrán mucho que decir", dado que el análisis tendrá en cuenta los objetivos logrados de forma individual por cada trabajador. "Es el superior jerárquico el que mejor conoce la valoración, aunque también participarán otros órganos porque hay que aglutinar muchas cuestiones", ha argumentado.

Traslados voluntarios y forzosos

Sobre los traslados de personal, Muñoz ha explicado que la ley recogerá "expresamente" la elaboración de planes de recursos humanos, que "establecerán posibilidades de movilidad y reasignación de personal", dentro de las que se admitirán tanto movilidad voluntaria como forzosa. "Siempre dentro de unas condiciones y unos requerimientos específicos, como ahora lo tenemos también en la normativa actual de la función pública", ha puntualizado.

El objetivo, ha justificado, es que "siempre la administración tenga flexibilidad suficiente para poder atender aquellas áreas que necesitan personal", con el fin de hacer "una mejor prestación de los servicios públicos".

Aunque no hay un plazo fijado para la aprobación de la ley, la conselleira ha insistido en que la Xunta espera que el Parlamento la apruebe este mismo año. En cualquier caso, ha indicado que las entidades sindicales pidieron no establecer plazos cortos de tiempo y ha manifestado que la intención es "tener tiempo para analizar bien el texto".

Los sindicatos han sido "los primeros" en recibir el borrador y Facenda volverá a citarlos en 15 días para que presenten sus primeras propuestas. La Xunta negociará también con las universidades y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), ya que el contenido afecta también a trabajadores del ámbito local y universitario (aunque no a los docentes).

Críticas al procedimiento

Todos los sindicatos han coincidido en que es pronto para hacer una valoración pormenorizada del texto, que comenzarán a estudiar ahora. La coordinadora de área pública de la CIG, Carmen López Santamariña, ha trasladado su desacuerdo por no haber participado en la redacción del borrador, como representantes de los trabajadores.

El cambio, ha destacado es de "un calado muy amplio" y necesita "un estudio muy detallado". Según las primeras impresiones, la sindicalista ha dicho que teme que "signifique una reunificación y una atadura para tener la administración las armas precisas para acabar de desmantelar los servicios públicos". "Es una manera de tener un único instrumento que les permita no tener que hacer tantas componendas para reorganizar", ha agregado.

López Santamariña ha considerado "una tomadura de pelo" que se hable de la carrera profesional, después de que se hayan recortado salarios y se amorticen plazas.

Por parte de la Federación de Servizos á Cidadanía de CC.OO., Pedro Méndez ha apuntado que se trata de la adaptación de la ley de la función pública al Estatuto Básico del Empleado Público, una cuestión demandada "desde hace mucho tiempo, porque se publicó en 2007".

Algunas de las "pinceladas" de los temas que se regulan "preocupan" a los sindicatos. Entre las mismas se ha referido "al cambio del modelo retributivo o ligar las retribuciones a la evaluación del desempeño, que puede tener un componente de subjetividad importante".

CAUTELAS

En representación de CSI-CSIF, José Brunete, ha indicado que se toman el borrador "con muchas cautelas y reservas", aunque una "primera valoración" les hace temer que "va a ser una aplicación inmediata de restricción de derechos de los empleados públicos". La "parte positiva" es que la negociación no tiene un límite fijo.

Por parte de UGT, José Vázquez ha insistido en la necesidad de estudiar la propuesta antes de posicionarse, aunque ha adelantado que plantearán dentro de la negociación la "reciprocidad en la movilidad del funcionariado". "De otras administraciones vienen para aquí pero nosotros no podemos ir a otras", ha indicado.