La nueva modalidad o fórmula de concentración de contratos impuesta por las administraciones públicas, tanto central como autonómica y local, dejará fuera del mercado al 99 por ciento de las pymes de Castilla y León y, por consiguiente, podría suponer la desaparición de más de 200.000 empresas en la Comunidad, tal y como han alertado hoy responsables de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE).

No es la primera vez que desde la CVE se pone el acento en una práctica iniciada hace unos cuatro años y que, dada la buena acogida que la misma ha tenido entre la clase política, ha ido afianzándose y potenciando un cambio radical del modelo de contratación pública que conduce a que un mercado en el que hasta entonces participaban miles de empresas, pequeñas, medianas y grandes, se convierta en coto cerrado para una docena de estas últimas.

En este sentido, los presidentes de la CVE y de la Unión de Empresarios de Limpiezas y Servicios (Udelva), Manuel Soler y Agustín Gutiérrez, respectivamente, han puesto como ejemplo la formalización de acuerdos marco; contratos de las dependencias, que exigen contar con infraestructuras en todo el territorio nacional; gestión de espacios, que abarcan a un conjunto de dependencias e incluyen multitud de servicios, o la creación de una central de compras a nivel nacional.

De este modo, tal y como ha criticado Agustín Gutiérrez, "se están dando pasos a políticas de contratación cada vez más agresivas y carentes de cualquier justificación económica que benefician únicamente a un grupo muy reducido de empresas, que son las únicas que pueden cumplir las exigencias estipuladas", lo que, en su opinión, conllevará a que cuando se supere la actual crisis se habrá destruido la práctica totalidad del tejido empresarial y supondrá la desaparición de la clase media.

Gracias a estas nuevas fórmulas, se crea un "mercado cautivo" integrado por un reducido número de empresas que logran así incrementar su cuota de mercado, merced a la desaparición del resto, y mejorar su margen de resultados, con el peligro añadido de que puedan ponerse de acuerdo a la hora de marcar precios, y todo ello, en opinión de la CVE, supone un "planteamiento torpe y pobre" que incluso puede conculcar preceptos constitucionales y la propia Ley de Contratos de la Administración Pública al eliminar la libre concurrencia.

"antieconómico y antifuncional"

En este sentido, el presidente de la CVE, Manuel Soler, en declaraciones recogidas por Europa Press, advierte de que ningún empresario privado haría el tipo de contrato que se está impulsado ahora desde la administración por "antieconómico y antifuncional", ya que, además de que "supone una patada en el culo para pequeños y medianos empresarios", no es recomendable contratar por diez o veinte años, "y menos cuando se trata de suministros en los que los precios fluctúan de forma muy importante".

Por ello, desde la CVE se ha pedido a la administración que sea "liberal", en el sentido de garantizar la libertad del mercado, la libre competencia y la igualdad de oportunidades como mejor garantía para el desarrollo y creación de empresas y empresarios.

A fin de invertir esta situación, Manuel Soler ha mostrado su propósito de mantener en breve encuentros con representantes de UPyD y del resto de fuerzas políticas para realizar un planteamiento en el ámbito regional, con el respaldo de Cecale, a fin de dar traslado luego del mismo al ámbito nacional.