El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ya ha dado instrucciones "precisas" para estudiar la aplicación en la Comunidad Autónoma del decreto contra desahucios de la Junta de Andalucía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Martín Marrero, ha dicho que el Ejecutivo canario se siente en la obligación "moral y jurídica" de estudiar la viabilidad de esta iniciativa de cara a evitar los desahucios.

Martín Marrero ha aclarado que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para elaborar decretos leyes, al contrario que Andalucía, por lo que habrá que adaptar esa medida a la normativa autonómica, para lo que ya se han establecido contactos con la Junta.

Marrero ha añadido que desde el Gobierno de Canarias se entiende que ante los desahucios "no se ha estado a la altura de las circunstancias" y ha señalado que ha sido la "realidad social" la que ha hecho que el Ejecutivo haya decidido colocarse del lado de los afectados frente a los "abusos" de las entidades financieras.

Preguntado por si se puede aplicar esta medida mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, el portavoz ha dicho que por parte del Gobierno de Canarias "no habría inconveniente", pero aclara que una reforma del Estatuto "requiere de un consenso amplio en Canarias para después convencer al Estado".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que Canarias tiene sus competencias y es en ese marco donde "se va a estudiar la medida que ha anunciado la Junta para evitar los desahucios".

Hay dos bandos

Respecto a las dudas que ha expresado el ministro de Justicia hacia esta medida, Martín Marrero ha querido dejar claro que ante los desahucios "hay dos bandos: los que defienden a las entidades financieras y los que defienden a los afectados".

En su opinión, "el ministro y el Gobierno de España son libres de situarse donde quieran", pero les recomendó que hicieran más caso a la postura que ha expresado la portavoz del CGPJ, que ha calificado la iniciativa de la Junta como "positiva".