El Partido Popular de Andalucía ha informado este jueves de que, tras el estudio en profundidad del decreto ley para la función social de la Vivienda aprobado por el Consejo de Gobierno de la el pasado martes,

presentará las "enmiendas pertinentes" al texto para que, ante todo, se garantice el "rigor legal, la seguridad jurídica y la utilidad" de las medidas contempladas en la mencionada normativa.

Así lo ha dicho en rueda de prensa la vicesecretaria de Organización de los 'populares' andaluces, Ana Corredera, quien ha señalado que tanto el Gobierno como la asesoría jurídica del Grupo Popular están trabajando en el análisis del texto con la intención de que, en caso de que sea posible, presentar las "enmiendas oportunas".

En este sentido, la dirigente popular ha advertido que "no se puede legislar a golpe de decreto y de titular mediático" en temas tan importantes como el de la vivienda y que, sobre todo, "hay que ser garantistas en el desarrollo de una ley".

Es por ello, según ha argumentado, por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy "ha consensuado con el tercer sector" las últimas medidas que ha puesto en marcha en materia de vivienda y ha aprobados do decretos que, en resumen, contemplan "cuatro aspectos fundamentales: la dación en pago con carácter retroactivo para los casos más graves, la paralización de los desahucios durante dos años, el alquiler social y la creación de un fondo social con 6.000 viviendas".

Además, Corredera ha señalado que el de Rajoy ha sido el primer y único Ejecutivo que ha afrontado el problema de los desahucios "desde el principio, sin mirar para otro lado y cogiendo el toro por los cuernos" y no, como hizo el de José Luis Rodríguez Zapatero, "agilizando los desahucios".

También, a preguntas de los medios de comunicación, se ha ratificado en la acusación que esta mañana ha hecho la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, sobre que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha estado firmando desahucios en el parque público andaluz hasta este mes de abril, y le ha exigido que aclare "cuántas viviendas vacías" tiene la Junta de Andalucía para que puedan ser usadas por las familias más vulnerables.