El abogado de Gómez-Acebo & Pombo Rubén Ferrer ha insistido este miércoles en que el acuerdo marco que firmó en Zurich (Suiza) el Gobierno de Cantabria en la operación de compraventa del Racing de Santander se apartó en "muchos aspectos" de la versión que redactó su despacho.

Ferrer, que "lideró" el asesoramiento del bufete al Gobierno regional en la operación, actualmente trabaja en Nueva York para Gómez-Acebo & Pombo y ha comparecido a través de videoconferencia ante la Comisión de Investigación de Cantur.

Ha precisado que la primera recomendación que hizo al Gobierno, concretamente a los servicios jurídicos del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), fue que, en la operación, el Racing quedara como "deudor" de Cantur por el préstamo participativo, no WGA, la empresa de Ali Syed.

Finalmente esto no se hizo así y WGA se erigió como deudora de la empresa pública, en lugar de simple "fiadora" del Racing en su deuda con el Gobierno de Cantabria por el préstamo participativo que Dumviro Ventures no saldó, tal y como planteó el bufete.

También, se aconsejó que los contratos se elevaran a público, como es "habitual" en este tipo de operaciones, algo que, tampoco se hizo porque, según ha explicado, "la otra parte" no estaba en disposición de hacerlo en el momento en que se cerró la operación. Sin embargo, se previó hacerlo posteriormente pero nunca se llevó a cabo.

Una tercera recomendación fue la inclusión de una opción de compra a favor del Gobierno de Cantabria que fuese "ejecutable unilateralemente", sin contar con WGA o con la necesidad de reclamarlo en un arbitraje.

El compareciente ha explicado que el borrador que hizo Gómez-Acebo & Pombo fue "evolucionando" con las modificaciones introducidas por las otras partes, que eran analizadas por el bufete, que informaba al Ejecutivo sobre la implicación y consecuencias de estos cambios.

Sin embargo, Ferrer, al igual que hizo su otro compañero de bufete Ángel Varela que también participó en la labor de asesoramiento al Gobierno en esta operación, ha insistido que en que Gómez-Acebo & Pombo "no toma decisiones", sino "asesora".

En este punto, el portavoz regionalista en la Comisión, Rafael Pérez Tezanos, ha opinado que si el bufete tenía un "desacuerdo tan profundo" en las condiciones en las que el bipartito iba a firmar ese acuerdo podría haber "optado" por "abandonar" el asesoramiento.

GARANTÍAS

Cuestionado por las garantías en el contrato entre WGA y Gobierno, ha opinado que "lo ideal hubiera sido otro tipo de garantías", si bien eso es algo que dependía de la "fuerza negociadora" de cada parte, ha dicho.

Respecto al aval de 1,5 millones de euros para garantizar una operación de 6,5 y al levantamiento de la prenda por parte del Gobierno, ha afirmado que, desde el bufete, se "aseguraron" de que el Ejecutivo supiera qué suponía cancelar la prenda y qué consecuencias podía conllevar.

Por otra parte, ha sido cuestionado por la ausencia de una cláusula resolutoria en el contrato entre el Gobierno y WGA en caso de incumplimiento, cuestión que, a su juicio, está "implícita" en el documento aunque no se incluye pues es algo que recoge el Código Civil.

Según ha dicho, en las "horas" que tuvieron para hacer el borrador entre el 19 y el 20 de enero de 2011 —una semana antes de que se firmara—, el bufete se centró en "regular" aquellas cuestiones de la operación que no prevé el Código Civil.

"el mismo camino" que se ha seguido

Además, ha sido cuestionado por las vías que, tras el incumplimiento, ha llevado a cabo el Gobierno de Cantabria para reclamar sus derechos, como son la ejecución del aval o la reclamación ante la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid, y también por otras a las que no se ha recurrido hasta la fecha, como la demanda judicial.

En este sentido, ha reconocido que el bufete puso "encima de la mesa" varias opciones que posteriormente fueron sometidas a un análisis "más profundo" para decidir por qué optar y cuál era la "más conveniente" para los intereses del Gobierno.

Respecto a la demanda, ha reconocido que en el "plano teórico" sería posible llevarla a cabo, si bien ha precisado que "otra cosa es el éxito que pudiera tener" o la "duración" del proceso judicial.

Al ser cuestionado por el PRC por el camino que habría usado de haber seguido asesorando al Racing —dejó esta tarea a finales de junio de 2011— ha asegurado que habría seguido "el mismo" que ha propuesto su despacho al actual Gobierno de Cantabria (PP), que es el arbitraje.

Cuando el portavoz del PRC le ha insistido sobre, si de forma "complementaria" a la reclamación ante la Corte de la Cámara de Comercio de Madrid, recomendaría presentar la demanda judicial, Ferrer no ha respondido pese a tener una postura "muy definida" para no dar "pistas" a las otra partes implicadas en el arbitraje sobre las acciones que podría llevar a cabo el Gobierno de Cantabria en este proceso.

En contraposición también a lo expresado por el regionalista y por la portavoz socialista, Cristina Pereda, ha opinado que el tiempo que ha transcurrido desde la firma del acuerdo "no se perjudica" los derechos de ninguna de las partes y, por tanto, tampoco los del Gobierno regional.

Respecto a esta afirmación, la socialista no se ha mostrado de acuerdo y ha insistido en que la "inacción" del actual Ejecutivo regional (PP) ha provocado la actual situación accionarial y hace "posible" que se vayan a perder 20 millones de dinero público en la operación.

Por su parte, Pérez Tezanos ha señalado que, "probablemente", la actuación del Gobierno en la operación del Racing será analizada por los tribunales y, por tanto —ha advertido— serán éstos los que se encargarán de juzgar las acciones que llevó a cabo el Ejecutivo para defender los intereses de la comunidad autónoma y, también, las que no.

En la Comisión, Ferrer ha aclarado también que siempre se dirigió en su asesoramiento al ICAF, concretamente a la trabajadora de los servicios jurídicos María Eugenia Gómez, y no al consejero de Economía, Ángel Agudo, ni al de Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano.

También ha señalado que en la operación sólo tuvo contacto directo con su cliente —el Gobierno— pero no con representantes ni abogados de Dumviro ni de WGA y, de hecho, ha revelado que ni siquiera tuvo la oportunidad de examinar el contrato de compraventa que las otras dos partes firmaron dentro de la operación, pese a que le "hubiera gustado".

Los responsables del "fracaso"

En las conclusiones, el portavoz 'popular' Íñigo Fernández ha opinado que lo relatado por Ferrer ha "certificado" la versión de su compañero de despacho: que los términos de la operación ya estaban negociados cuando se contrató al bufete y que el acuerdo-marco variaba en muchos aspectos el contenido del borrador que hizo Gómez & Pombo.

Fernández ha insistido en que el Gobierno negoció los términos de su participación en la operación "sin asesoramiento", lo que, a su juicio, ha sido lo que ha provocado el "fracaso estrepitoso" que ha tenido.

A su juicio, tras esta comparecencia, se "deja claro" que los responsables del resultado final no fueron los abogados, pues, por una parte, no negociaron, y, por otra parte, dieron recomendaciones al Ejecutivo regional sobre el acuerdo marco y no se les hizo caso.

Así, ha insistido en señalar como responsables al entonces director del ICAF, Luis Egusquiza; a los exconsejeros Agudo y López Marcano y, también, al expresidente regional Miguel Ángel Revilla por "bendecir" la operación.

Sin embargo, la oposición sostiene que la operación no falló "por culpa" del Gobierno PRC-PSOE sino por la de "alguna de las otras partes", que no cumplieron lo firmado.