El portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, ha discrepado este miércoles sobre la eficacia del decreto ley de función social de vivienda aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta y ha calificado la iniciativa de "utópica e insuficiente".

"Aunque valoramos positivamente la buena voluntad de la Consejería, no consideramos que ésta sea la solución definitiva que ponga fin a los desahucios. Por una parte, no tenemos la certeza de que esta iniciativa cumpla estrictamente con la legalidad, y por otra, si no se garantiza la segunda oportunidad para las personas desahuciadas, no deja de ser una medida a corto plazo e insuficiente", ha esgrimido en una nota.

El líder regional de la formación magenta también ha argumentado que es consciente de la "sangrante cantidad de viviendas vacías, el uso especulativo de las mismas y sus precios desorbitados", pero teme que se trate de un decreto "que los tribunales tumben ante el primer recurso". Por tanto, ha hablado de ella como "una medida utópica y de dudosa aplicación real" y que, en caso de que se pudiese llevar a la práctica, "sería un parche". "Únicamente lograría soluciones a corto plazo", ha agregado.

Además, el coordinador territorial de UPyD ha reiterado sus dudas sobre la "legalidad y constitucionalidad" de este decreto, ya que su planteamiento "choca frontalmente contra el derecho a la propiedad, que también es un derecho constitucional, como el de la vivienda", por lo que entiende que puede ser objeto de recurso y anulación "casi con toda probabilidad".

En este sentido, ha recordado que las medidas que esta formación propone en Andalucía son las mismas que el grupo parlamentario de UPyD ya ha presentado en el Congreso de los Diputados: una treintena de mejoras al texto de la ILP de dación en pago como que los jueces y tribunales puedan condonar la deuda que queda pendiente a las personas desahuciadas en determinadas circunstancias y que los intereses de demora se limiten al seis por ciento anual mientras dure la moratoria a las ejecuciones hipotecarias decretada por el Gobierno.

UPyD hace hincapié en evitar el sobreendeudamiento de los ciudadanos y en dar una segunda oportunidad a las personas que pierden su vivienda, que actualmente se quedan con una "deuda de por vida". Además, considera "imprescindible" que las familias que sufren dificultades económicas no se queden sin su casa. De este modo, propone que "si la vivienda es adjudicada al acreedor, el juez pueda rechazar el desahucio y permitir que los afectados se queden en el piso a cambio de pagar una cifra que se determinaría según los ingresos de los afectados".