El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que exige al Gobierno que negocie con el Ejecutivo de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo el futuro de los terrenos que ocupó la fábrica de Armas de La Vega, que considera que "en ningún caso" deben ser vendidos a empresas o particulares.

La iniciativa, presentada por los tres diputados socialistas asturianos —Antonio Trevín, Mariví Monteseirín y María Luisa Carcedo—, denuncia la "complicidad" del Ministerio de Defensa con la empresa Santa Bárbara Sistemas en el cierre de La Vega y el posterior expediente de regulación de empleo que afectará a aproximadamente al 50% de su plantilla.

"Siempre sospechábamos que el Gobierno y el Ministerio estaban al tanto, no es solamente un problema laboral entre una empresa y sus trabajadores", ha denunciado el diputado Antonio Trevín, que ha recordado que los terrenos en los que se ubican estas instalaciones son de titularidad pública.

Por ello, ha avisado de la intención del Departamento dirigido por Pedro Morenés de vender los terrenos de La Vega que han quedado vacíos y ha exigido que no pasen a manos de particulares. "Debe haber un acuerdo entre Defensa, el Ayuntamiento y la propia autonomía que respete las competencias de cada organismo y que haga que en ningún caso se venda a empresarios o empresas privadas", ha insistido.

La iniciativa también pide que el Gobierno medie en el conflicto laboral entre la empresa y los trabajadores para que aquellos que "pudieran resultar excedentes" reciban un tratamiento "no traumático". Según explica, el ERE prevé la extinción de 246 empleos en Trubia, además de otros 213 trabajadores afectados por un ERE temporal.

"Primero dejan libre un solar tan importante en Oviedo como La Vega, a continuación la empresa despide al 50 por ciento de los trabajadores, e inmediatamente el Ministerio dice que va a vender el terreno para nuevos contratos de Defensa", ha denunciado.

Agilizar los programas de armamento pendientes

La proposición no de ley también pide al Ministerio de Defensa que agilice la tramitación de los programas de armamento pendientes, especialmente los vehículos 8x8 y los Pizarros, "para posibilitar un aumento de la carga de trabajo en el sector industrial armamentístico".

Por último, reclama al Gobierno que establezca con el Grupo Santa Bárbara Sistemas un plazo suficiente para permitir la búsqueda de una nueva empresa que garantice la continuidad de la actividad y el empleo en la fábrica de La Coruña.