El Gobierno considera que la respuesta al problema de los desahucios debe ser común para el conjunto de los españoles, "al margen de la comunidad en la que vivan", según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha anunciado que estudiará "el encaje legal" de las medidas anunciadas por Andalucía.

"No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo", ha dicho Ruiz-Gallardón en los pasillos del Congreso.

El ministro ha afirmado que se estudiarán "los hipotéticos efectos" del decreto ley anunciado por la Junta de Andalucía, que pretende sancionar a bancos e inmobiliarias que no alquilen viviendas vacías e incluso contempla la expropiación de viviendas para las familias sin recursos.

Ruiz-Gallardón ha defendido que la "respuesta tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que vivan".

También ha recalcado que el Congreso está "dando respuestas a un problema que viene de antiguo, pero que afecta a muchos españoles y que se ha agravado como consecuencia de una situación económica", y que las medidas que se adopten tienen que tener una "cobertura legal, con leyes aprobadas en el Congreso y en el Senado".

Ha apuntado que hasta que la medida del Ejecutivo andaluz no esté "formalmente aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Andalucía", el Gobierno tendrá hacia ella una "actitud de estudio", y se ha comprometido a comunicar sus "decisiones sobre la propuesta de la Junta de Andalucía, cuando tenga realizados los estudios y los informes".

Además del Gobierno, otros grupos políticos se han pronunciado este miércoles en el Congreso sobre las medidas anunciadas por la Junta andaluza:

  • La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha defendido la propuesta de la Junta y considera que demuestra que los Gobiernos pueden tomar medidas para paliar las consecuencias de los lanzamientos hipotecarios. La dirigente socialista ha apuntado que la medida de expropiar viviendas de los bancos es "excepcional y de emergencia" se enmarca en un plan "mucho más amplio" para dar respuesta al "tremendo" problema de los desahucios.
  • El diputado de Esquerra Republicana en el Congreso Joan Tardà ha celebrado la iniciativa de Andalucía de expropiar pisos a las entidades financieras para evitar desahucios porque, a su juicio, se trata de una medida contra la "mafia de los bancos". Ha animado a otros gobiernos a actuar en el mismo sentido.
  • El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha considerado hoy que, aunque no conoce el "fondo" de la iniciativa de Andalucía para penalizar a los bancos e inmobiliarias que no alquilen viviendas vacías, está en contra de toda medida que ponga en cuestión la defensa de la propiedad privada.
  • El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha recordado hoy que fue el PSOE quien "defendió el desahucio exprés" cuando gobernaba y que ahora hace "demagogia" con este asunto, y ha calificado de "populismo" la posibilidad de que la Junta de Andalucía pueda hacer expropiaciones temporales.
  • El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este miércoles que su Gobierno va a estudiar la "viabilidad jurídica" del decreto sobre la función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía porque "es interesante" para adoptar medidas contra los desahucios.
  • Izquierda Unida ha afirmado que si el Gobierno central recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto ley sobre la función social de la vivienda aprobado ayer por la Junta de Andalucía se estará poniendo "del lado de los culpables" y oponiéndose a "cientos de miles de ciudadanos".
  • El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha respondido que su gobierno tiene la "tranquilidad" de que el decreto de vivienda es "plenamente constitucional" porque así lo avalan los estudios de los servicios jurídicos y ha anunciado más medidas contra la exclusión social.
  • UGT-Andalucía considera que el decreto ley sobre la función social de la vivienda aprobado este pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta "no es la solución definitiva, pero sí es una solución temporal", y ha dicho que es "una política que se pone a favor de las personas y no del capital".
  • La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, considera que "todas las iniciativas" que las comunidades autónomas adopten para frenar los desahucios, legalmente y dentro de su marco competencial, son "positivas".
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Bien, en ciertos casos puede salvar a una familia de quedarse en la calle.
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Mal, porque atenta contra el derecho a la propiedad privada.
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Bien, pero las medidas antidesahucios deberían ser las mismas en toda España.
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