El comité de huelga de Emalsa ha justificado este miércoles la acción que llevan a cabo en la defensa de sus puestos de trabajo, ya que han asegurado que no buscan la subida salarial, sino la prórroga del convenio actual.

Al respecto, matizan que lo que persiguen es la protección de sus puestos de trabajo, ya que incluso han puesto en la mesa de negociación la renuncia a la subida de IPC de cuatro años, congelado desde el 31 de diciembre de 2011, en la búsqueda de una conciliación con la empresa, tras año y medio de negociación, según han informado en un comunicado.

Y es que, resaltan, que la gestión de la empresa "está vaciando el contenido" de Emalsa, "tanto en servicios como en capital", ya que critican que se prefiere subcontratar los servicios a empresas externas de las que ellos forman parte (SerCanarias, participada por Valoriza y SAUR), mientras que dichos servicios podrían realizarlo los trabajadores de Emalsa "y a menor coste" para la ciudad.

Asimismo, critican que se esté pagando un alquiler millonario por tres plantas de un edificio, cuyo propietario es Satocan, "y su presidente se sienta y participa en la mesa del consejo de administración de Emalsa". En este sentido, puntualizan que una de esas plantas alquiladas lleva vacía tres años.

Añaden que dicho alquiler inicialmente era de 90.000 euros mensuales, más los gastos de comunidad (unos 9.000 euros mensuales) e Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), y durante dos años se pagó puntualmente el "módico" alquiler (2.190.000 euros + Comunidad de Propietarios + IGIC) sin ocupar el edificio, lo que consideran como un "claro ejemplo de una modélica gestión con recursos que pertenecen a la ciudadanía".

En este sentido, indican que actualmente, "y gracias a la generosidad" de Satocan, el alquiler se ha reducido a la "módica" cantidad de 75.000 euros mensuales a los que se añaden los gastos de comunidad y el IGIC, lo que supone aproximadamente 88.000 euros mensuales o "más de un millón de euros de alquiler anual".

Sin embargo, subrayan, para justificar los recortes a aplicar a la plantilla de trabajadores, Emalsa "declara pérdidas de 700.000 euros, y al parecer esas pérdidas se originan por la reducción de las subvenciones estatales al agua desalada y no por su modélica" gestión, pero estas cantidades, puntualizan, "jamás han revertido en la renovación o mantenimiento de las redes e instalaciones afectadas al ciclo integral del agua".

Por otro lado, el comité de huelga también se refirió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del que recordó posee el 34 por ciento del capital social de Emalsa, matizando que "es el encargado de velar por la inversión, mejora y mantenimiento de todas" las instalaciones y redes vinculadas al servicio público del abastecimiento de agua, así como de las instalaciones y redes de aguas pluviales, de saneamiento y depuración de aguas residuales, de las que el Consistorio es el titular.

En relación con ello, aseguran que el Ayuntamiento "no vigila las cuentas de Emalsa, no vela por la realidad de tales cuentas", mientras que incide en que el agua "es un bien de primera necesidad y los políticos deben protegerlo, revisar su gestión".

Así, insisten en que han tenido que ir a la huelga porque las "grandes empresas solo quieren" que los trabajadores paguen "su mala gestión", ya que las condiciones laborales que pretende imponer la empresa a sus empleados "no suponen más que un anticipo de lo que le espera a la población de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida, ante la voracidad de los socios privados de Emalsa, que simplemente pretenden llenar las arcas de sus empresas matrices en detrimento de la correcta" gestión de un servicio público "tan esencial" como el del agua.