La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha explicado que las familias en riesgo de desahucio cuyas viviendas sean objeto de una expropiación temporal del uso por un plazo de tres años del uso de las viviendas por parte de la Junta de Andalucía deberán destinar el 25 por ciento de la renta familiar para pagar el dos por ciento del justiprecio de dicho inmueble, según contempla el decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, la consejera ha recordado que con esa expropiación temporal durante tres años "se impide que las familias en proceso de ejecución y lanzamiento sea puesta en la calle, pues con la expropiación temporal del uso durante tres años las familias en riesgo de desahucio permanecerán en esa vivienda".

Ha explicado que en el decreto se especifica que "el 25 por ciento de la renta familiar disponible sea destinada a pagar el alquiler correspondiente al dos por ciento del justiprecio de la vivienda, siempre que ese dinero no supere el dos por ciento de justiprecio".

Cortés indica que esa medida "coincide con lo que nos plantean los afectados, pues la gente, no es que no quiera pagar, sino que no puede pagar ciertas cantidades, pero sí quieren pagar lo que puedan".

La consejera ha indicado que desde el 18 de octubre se abrieron las oficinas provinciales para luchar contra los desahucios, "y desde entonces, 119 personas en Andalucía han pedido protección a la Junta porque han sido objeto de lanzamiento o están fuera de sus casas", por lo que con este decreto ley "una vez que entre en vigor habrá que ver que cumplan las condiciones, y cuando el decreto sea de aplicación, empezará el proceso para analizar sus casos".

Cortés considera "más acertada" la expropiación temporal de uso, toda vez que "estamos defendiendo el interés general y siendo austeros con el dinero público", y ha recordado que la Ley de Expropiaciones "nos permite el uso temporal de una vivienda".

Asimismo, sobre las sanciones a personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial, tras dejar claro que esa medida "no tienen afán recaudatorio", la consejera ha apuntado que "la idea es cambiar el comportamiento del mercado y tendrán que bajar el precio del alquiler de las viviendas que saquen para que las familias puedan pagarlo".

"Lo razonable y lo lógico es que los alquileres bajen en su precio para las familias accedan a la vivienda, pero si no es así y sigue deshabitada, el banco o la inmobiliaria volverá a ser sancionado, pues el objetivo es que la vivienda se alquile", ha agregado la consejera quien precisa que una vez que estas personas jurídicas, bancos o inmobiliarias sean sancionadas y se abone la sanción, "si en el cómputo de un año sigue durante los últimos seis meses deshabitada, la vivienda será objeto de otra sanción".

Cortés espera "modificar el comportamiento del mercado y que bajen los precios de alquiler, para que tengan acceso a esas viviendas en stock, pues es un despilfarro para la sociedad que haya viviendas ociosas y no cumplan su finalidad".

Seguros para viviendas

En materia de incentivos, la consejera ha precisado que uno de los incentivos será "establecer un seguro para garantizar el cobro de la renta, en el caso de que el inquilino no lo satisfaga, o un seguro para arreglar los posibles desperfectos que pudieran generarse", esto es, la Junta "contratará un seguro y abonará las cantidades en el caso de que el inquilino no satisfaga la renta o genere imperfectos en la vivienda, con ese seguro la Junta pagaría cantidades debidas y arreglaría desperfectos".

La consejera ha indicado que las sanciones se destinarán a personas jurídicas y los incentivos para dar salida a la vivienda en stock mediante el mercado del alquiler se destinarán a las personas físicas con más de tres viviendas y que estén deshabitadas, algo que "solo afecta al cinco por ciento de propietarios andaluces, que son los que tienen más de tres viviendas, mientras que el 95 por ciento restante de propietarios tienen una o dos viviendas".

Cortés ha recordado que se establecerá un registro de viviendas deshabitadas "para conocer cuantas viviendas vacías hay, donde se encuentra y como poder satisfacer el derecho humano a la vivienda", tras lo que ha dejado claro que "el derecho humano a la vivienda no se va a conseguir construyendo más viviendas".