Los afectados por la Ley de Montes de Voto consideran que el Gobierno de Cantabria "no está por la labor" de dar solución al problema "de raíz", sino "caso por caso", y así "no se va a acabar nunca".

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press, el portavoz del colectivo, Javier Rugama, al término de la reunión que han mantenido este martes representantes de los afectados con responsables de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, entre ellos la consejera, Blanca Martínez.

Para Rugama, la postura de la Consejería pone de manifiesto que el Ejecutivo no pretende dar una solución de "conjunto". "Si se solucionan 100 casos y se dejan 4.700 sin solucionar, eso no es solución", ha puesto de ejemplo el portavoz, para quien si se puede hablar de avances, estos son "pequeños".

Según ha explicado el portavoz, en la reunión, que se ha celebrado en la Consejería por espacio de más de cuatro horas, se han abordado los títulos de la "concentración parcelaria" de Voto Centro, pendientes de entregar por un expediente sin confirmar del Servicio de Montes "de hace más de 7 años y el Gobierno ha requerido a sus servicios jurídicos la realización de un nuevo "informe jurídico" para poder hacer la entrega de estos títulos.

Los propios servicios jurídicos se han dado un plazo de seis meses para la elaboración de dicho informe. En este proceso están en la actualidad más de 100 fincas, ha precisado Rugama.

Ha explicado que los portavoces del colectivo de afectados de Voto, a pesar de no estar de acuerdo "ni con el plazo ni con el proceso", se han visto obligados a admitir lo propuesto por el Gobierno, ya que "no se ha dado otra posibilidad".

En relación con la "usucapión" o prescripción adquisitiva por los 30 años de posesión, el Gobierno, según Rugama, "se ha cerrado en banda" y no va a admitir otros documentos en "vía administrativa" que no sean las escrituras públicas registradas en un Registro de la Propiedad ante del 21 de febrero del 1974.

Respecto a los 28 casos "estimados favorablemente", el Ejecutivo ha informado que se van a legitimar la propiedad una vez acabado el proceso de descatalogación y desafectación todavía en trámite, ha explicado el portavoz.

En la reunión también se ha debatido sobre el "gaseoducto" que discurre por San Pantaleón de Aras. Según los afectados, a pesar de que en todo el expediente de expropiación por servidumbre de paso la relación de parcelas afectadas están a nombre de propietarios particulares, la empresa actuante, Naturgas, "se ha visto abocada" a pagar la indemnización a la Junta Vecinal, por indicación del Servicio de Montes.

Rugama ha recordado que fue en el "acta de ocupación" donde se personó tanto la Junta Vecinal como el Servicio de Montes para reclamar la titularidad de estas parcelas, dando paso al "típico" proceso de "justiprecio" en todo expediente expropiatorio cuando no hay acuerdo sobre el valor o sobre la propiedad del bien expropiado.

Este proceso aún no se ha iniciado, según ha dicho, sin embargo, el Servicio de Montes "se ha tomado la libertad" de asignar estas parcelas al MUP (Monte de Utilidad Pública) de San Pantaleón de Aras y "exigir" a Naturgas el pago a favor de la Junta Vecinal. "Los afectados seguimos sin entender cómo pueden suceder estos actos y nos tememos que a los Servicios Jurídicos del Gobierno les pase lo mismo", ha señalado Rugama, quien ha indicado que este tema, de momento, ha quedado sin resolver.

En el encuentros e han abordado igualmente los nuevos convenios forestales. Según Rugama, el Gobierno "está inamovible" sobre el 15% para mejoras del monte que se aplica sobre el importe total de la venta del aprovechamiento.

Por parte del colectivo de afectados se ha vuelto a plantear la "inviabilidad" económica de estos convenios si el 15% no se aplica solo sobre los beneficios del aprovechamiento. A su juicio, "nunca los costes y gastos que debe soportar el particular deben estar gravados por esta tasa".

Según Rugama, después de alegar desde la Dirección de Montes que esta tasa para mejoras se amparaba en el artículo 38 de las Ley de Montes del 2003 y que el Gobierno no podía modificarla, se le ha pedido que solicite al Ministerio de Agricultura que incluya esta modificación en ese "supuesto borrador de Ley de Montes del 2003 que está en proceso de elaboración.

En cuanto a la modificación de la Ley de Montes, los afectados han preguntado si el Gobierno va a presentar alguna modificación para resolver el problema de las propiedades en los MUP, a lo que se les ha respondido, según Rugama, "que no entiende que hay que modificar para que se reconozcan las propiedades y que si los propios afectados indican lo que se puede modificar, lo estudiarán, y si lo estiman oportuno lo presentarán".

El colectivo ha pedido además a los representantes de la Consejería que sean "sensibles" y "den una solución" a los afectados de Cartes.

A la reunión han asistido seis portavoces en representación del colectivo de Voto, y por parte del Gobierno, además de la consejera, el director del Servicio de Montes, Javier Manrique; y los jefes de los Servicios Jurídicos de Montes, Felipe Bulnes, y del Gobierno, Javier Uribe.

También habían sido invitados por el Gobierno de Cantabria, el presidente de la Junta Vecinal de Secadura y alcalde de Voto, Jose Luis Trueba, y el presidente de la Junta Vecinal de San Pantaleón de Aras, Francisco Javier Maza.