El PP, el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y los partidos nacionalistas han avalado este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Murcia remitida por la Asamblea regional para permitir al Gobierno autonómico la aprobación de decretos ley, un mecanismo que posibilita aplicar medidas urgentes sin esperar a su tramitación parlamentaria.

La figura del decreto ley está regulada en el artículo 86 de la Constitución española de 1978 y fue además incorporado al estatuto de autonomía de varias comunidades, que lo incluyeron en las reformas estatutarias que fueron aprobadas durante la pasada legislatura.

Esto es lo que ha llevado a Murcia a querer incorporarlo también a su estatuto de autonomía e igualarse a las demás comunidades autónomas para poder "responder más rápido ante emergencias", según ha explicado en el Pleno del Congreso el portavoz del PP en la Asamblea autonómica, Juan Carlos Ruiz, que ha ejercido ante las Cortes Generales como representante de la comunidad.

El texto llega a las Cortes Generales avalado por todas las fuerzas políticas del Parlamento regional —PP, PSOE e IU— después de meses de negociaciones que han culminado en la firma de un pacto político que les compromete a presentar otra reforma estatutaria antes de que finalice 2013 y que incluya cuestiones de calado como los derechos sociales, la financiación o la deuda histórica, además de una reforma de la ley electoral autonómica.

El delegado murciano ha destacado este consenso, "garantía de estabilidad y de pluralidad democrática", y ha pedido a los grupos del Congreso su apoyo porque "no sería justo negar a Murcia lo que ya disponen otras comunidades autónomas". Además, ha explicado la importancia de que el Gobierno regional tenga en su mano la posibilidad de aprobar decretos ley y ha puesto como ejemplo las emergencias generadas por las últimas inundaciones o las ocasionadas por el terremoto sufrido por Lorca en 2011.

En este contexto, la diputada del PSOE María González Veracruz también ha defendido el texto, aunque ha reconocido que su grupo hubiera preferido abordar directamente una reforma global del estatuto, y ha celebrado el consenso alcanzado en la Asamblea murciana, instrumento que puede ayudar a "devolver la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

La diputada electa por Murcia ha pedido así al PP que cumpla con su compromiso de presentar en la Asamblea una nueva reforma antes de que finalice el año y ha repasado algunos de los asuntos que los socialistas consideran que debe incluir el nuevo texto, como garantizar que la inversión del Estado en la comunidad se sitúe en la media estatal.

El PSOE también quiere que la futura reforma estatutaria aborde cuestiones como "el déficit de infraestructuras" que sufre la región, "los problemas del agua" o la reforma electoral; además de otros acuerdos orientados a "mejorar" la actividad parlamentaria de la Asamblea autonómica.

Uso "perverso" del instrumento

La reforma también ha contado con el apoyo de Izquierda Plural, PNV y CiU, que sin embargo han recordado la "excepcionalidad" de los decretos ley y han pedido al Gobierno regional que no "abuse" de ellos siguiendo lo que consideran como "mal ejemplo" del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto ha reconocido que se trata de una reforma estatutaria "chiquitica", pero ha insistido en la necesidad de dotar al Gobierno autonómico de este instrumento que "puede tener un uso más o menos bueno o más o menos perverso".

Según ha explicado, su grupo parlamentario ha pasado de la abstención que mostró en la Asamblea murciana al apoyo gracias al acuerdo alcanzado para la reforma "en profundidad" del estatuto, ante lo que ha confiado en que el PP mantenga en la comunidad "su palabra y su compromiso".

De la misma forma, el diputado del PNV Emilio Olabarria ha recomendado al Ejecutivo autonómico un uso "mesurado" del decreto ley para no llegar a una "perversión" del instrumento, como la que considera que ha ejercido el Ejecutivo de Rajoy, que ha aprobado 35 decretos ley en esta legislatura.

También el diputado de CiU Jordi Xuclá ha censurado el "abuso" que está ejerciendo el Gobierno central de los decreto ley, aunque ha reconocido que ello no es motivo para impedir que se plasme la figura en los estatutos de autonomía, y ha explicado que su formación no va a negar a Murcia su "vocación y ambición" como espera que no le sea negada la "ambición de autogobierno al pueblo de Cataluña".

UPyD y COMPROMÍS,

En contra

El rechazo a la reforma ha llegado por parte de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el representante de Compromís, Joan Baldoví, que ha mostrado su temor a que el Ejecutivo de Murcia quiera "seguir la senda" de Rajoy con los decretos ley.

Por su parte, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha advertido de que este instrumento "se ha pervertido" e "impide el debate parlamentario genuino". Según ha explicado, su grupo no cree que Murcia "sea menos que nadie", sino que la necesidad del país es abordar una reforma del sistema autonómico en profundidad. "Hablemos de verdad de cómo queremos que sean las comunidades autónomas y el Estado, qué competencias queremos que tengan", ha defendido.

La diputada del PP Pilar Barreiro ha rechazado estas críticas y ha insistido en que la reforma otorgará a la comunidad de instrumento que le dará capacidad para responder "con mayor solvencia" a las necesidades de los ciudadanos.

"Esto no supone una renuncia al control y la fiscalización, quiero anular esa preocupación", ha garantizado antes de insistir en que se trata de "una reforma sencilla que propone un instrumento útil y aplicado "con mayor o menos acierto". "Pero dejemos que la institución tenga mayor o menor acierto, demosle esa confianza", ha emplazado.

En caso de extraordinaria y urgente necesidad

La reforma debatida este martes tiene como único objetivo la inclusión en el artículo 30 del Estatuto de Murcia de un nuevo punto para habilitar al Gobierno regional a dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto-ley, estableciéndose asimismo sus límites materiales y los trámites para su convalidación por la Asamblea Regional.

Dado que se trata de una reforma muy limitada, el texto tiene un único artículo que abre la puerta a la aprobación de decretos ley por parte del Gobierno regional "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" y siempre que no se refieran a la regulación de derechos, el régimen electoral, las instituciones de la Región de Murcia, ni el presupuesto de la Comunidad Autónoma. Su convalidación o derogación habrá de realizarse en la Asamblea de Murcia en el plazo de 30 días desde su promulgación.

Una vez tomada en consideración por el Congreso, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas y la reforma estatutaria pasara a debatirse en la Comisión Constitucional. Será la primera que se tramita esta legislatura.