El Pleno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado por unanimidad suspender la concesión de licencias urbanísticas en el barrio de Pomecia, en la zona de actuación que ha delimitado el consistorio, durante un año prorrogable por otros dos.

El objetivo, trabajar durante ese tiempo en la modificación puntal del Plan General de Ordenación Urbana para buscar una solución al conflicto que mantiene el consistorio, la particular propietaria de los terrenos y el colectivo gitano asentado en la zona.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, Jesús Fuertes, ha explicado en el Pleno que esta decisión es "un primer paso muy importante" de cara a la solución del conflicto del barrio de Pomecia, donde durante más de treinta años se han levantado viviendas en los terrenos de una particular.

Fuertes ha relatado que técnicos de la Gerencia de Urbanismo "han delimitado una zona de actuación" en la que el consistorio trabajará para conseguir la reordenación urbanística de este espacio. Según ha indicado durante un año, prorrogable por dos más, no se concederán licencias en este espacio en el que "tenemos suelo urbano, no urbanizable, protegido y zonas verdes", entre otros.

Modificación del pgou

"Si se va a trabajar en la zona no sería muy lógico que se siguieran concediendo licencias", ha precisado para estimar que no tendría sentido conceder la licencia de construcción de una edificación porque, tras la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana ese espacio podría estar considerado como zona verde. De esta forma, el edil está convencido de que esta medida "nos apurará a trabajar en el tema".

El objetivo, ha manifestado Jesús Fuertes, no es otro que el de encontrar una solución consensuada para este barrio que "ha estado siempre un poco de espaldas a la ciudad".

Fuertes ha confiado en "la buena voluntad de las tres partes" a la hora de encontrar un acuerdo que acabe con el problema y que podría pasar por "permutas, unidades de ejecución o cambios de usos de suelo, pero las tres partes tendremos que ceder".

La decisión llega después de la sentencia judicial que obligaba al Ayuntamiento de Teruel a ejecutar la orden de demolición de una treintena de edificaciones ilegales en el barrio de Pomecia, ubicadas en los terrenos particulares de la una vecina de Teruel.

Antes de llegar al derribo, en algunos casos son viviendas del colectivo gitano, el consistorio ha creado una comisión en la que participan técnicos municipales con el objetivo de buscar una solución que satisfaga a las tres partes implicadas.