Una mujer de nacionalidad rumana acusada de traer a España a una menor de 16 años, compatriota, para prostituirla, niega cualquier engaño. De hecho, ha defendido que ella vino a España "porque quiso", y ejerció la prostitución "libremente". Asimismo, ha asegurado que ella quedaba "al margen", y que sus padres estaban al corriente de su actividad.

La mujer se ha defendido así en una vista que ha tenido lugar este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, en la que también están acusadas otras 11 personas más, entre ellas, su pareja sentimental. Asimismo, figura en la causa el chófer que supuestamente traslada a la menor a las viviendas de los clientes, y los propios clientes.

Esta mujer se enfrenta a una pena de 16 años de prisión por un delito de trata de seres humanos y otro de prostitución coactiva, según se desprende de la calificación provisional del ministerio público, mientras que a su pareja le solicitan 25 años, al añadirle un delito continuado de abusos sexuales. El fiscal pide para el chófer 14 años de prisión, y para el resto de procesados, penas que oscilan entre tres y 12 años y tres meses de cárcel.

Los hechos se remontan al año 2011, cuando la pareja de acusados, quienes realizaban varios viajes a España tres años antes, decidieron en uno de los viajes a Rumanía ofrecer trabajo en España, relacionado con las tareas domésticas, a una menor de 16 años. Así, consiguieron la autorización de los padres, y los tres se trasladaron hasta una vivienda en la localidad valenciana de Quatretonda, según describe el fiscal.

Desde el primer día, la menor fue obligada —siempre según el mismo relato— a acostarse desnuda con el propietario de la casa en la que residían, y a tener relaciones sexuales con él, para que la pareja no tuviera que pagar ningún alquiler.

La pareja, que había costeado el precio del viaje de la menor de Rumanía a España, y que retuvo en su poder su documentación, la obligó a practicar la prostitución, desde enero hasta abril de 2011, proporcionándole ellos mismos a los clientes, a los que atraían haciendo alarde de la juventud del a menor. Ellos cobraban el precio por estas relaciones.

Cuando la pareja y la menor fueron expulsados del domicilio de Quatretonda, los tres se instalaron en Silla (Valencia), desde donde se vieron obligados a desplazarse hasta todos aquellos lugares donde se ofrecían o se solicitaban los servicios sexuales de la menor. Para ello, como carecían del permiso de circulación, contrataron a otro procesado como chófer, quien conocía la finalidad de los viajes y era consciente de la minoría de edad de la chica.

La menor, quien también tuvo relaciones con la pareja de la mujer, permaneció en esta situación hasta que el día 11 de abril, agentes de la Guardia Civil detuvieron a los procesados, fruto de diversos servicios de vigilancia y de la escucha de diferentes teléfonos intervenidos.

"no ganaba bien"

Frente a esta versión, la mujer ha afirmado que se vino con ella a España porque ésta le comentó que "no ganaba bien" ejerciendo la prostitución en Rumanía, y que quería intentarlo en España, a través de los contactos que ella tenía, ya que también se dedicaba a lo mismo. "Ella hacía la prostitución en Rumanía y sus padres lo sabían", ha dicho.

En esta línea, ha agregado: "me dijo que venía porque yo conocía a gente, y su padre lo sabía todo. Yo siempre le dije que iba a estar al margen, que no quería problemas", en relación con su minoría de edad. También ha dicho que ella le pedía que le consiguiera "mucha gente", y ha insistido en que "nunca" le obligó a acostarse con nadie ni a dormir desnuda.

Por su parte, la pareja de esta mujer ha indicado en el juicio que desconoce cómo llegó la menor a España, y ha señalado que la acogieron en su casa "para ayudarle". "No teníamos ninguna relación, solo comíamos a veces juntos o le acompañaba a algún sitio. La relación era buena", ha dicho.

Este hombre también ha dicho que desconoce si la víctima se dedicaba a la prostitución, y ha negado que fuera el interlocutor de algunas intervenciones telefónicas en las que —según el fiscal— se oye cómo negocia un precio por la menor. "No pactábamos condiciones y buscábamos clientes. Y nunca le he guardado la documentación", ha añadido, al tiempo que ha repetido que ella, a través de su teléfono, "podía hablar siempre con sus padres". "No le he hecho ningún daño y no tenía ningún motivo para denunciarme", ha concluido.