El Partido Riojano PR+ ha solicitado que la Interprofesional del Vino vuelva al sistema anterior de elecciones, el procedimiento censal, como algo "fundamental para un futuro equilibrado de la Denominación de Origen" y como "imprescindible para su construcción".

En estos términos han presentado esta mañana en una comparecencia ante los medios de comunicación el presidente de PR+, Miguel González de Legarra, y el miembro de la Comisión Permanente de PR+, Ángel de Jaime Baró, sus propuestas para el futuro del Consejo Regulador.

"Queremos un proceso democrático mediante la presentación de candidaturas que sean apoyadas por el voto secreto de todos los inscritos y que sustituya al actual proceso de adhesiones abiertas y públicas a las distintas asociaciones", ha explicado Legarra.

El también diputado regional ha señalado que la información obtenida en el sistema de votación "se utiliza constantemente por el Gobierno de La Rioja y el Partido Popular para presionar y manipular la libre voluntad de los electores mediante la amenaza de restringir el acceso a concesiones administrativas o subvenciones".

"El futuro de la Denominación pasa por introducir reformar en las instituciones y las políticas vitivinícolas", ha añadido.

De Jaime Baró ha destacado que volver al anterior sistema de elecciones "ya ha sido recomendado por el ministro de Agricultura, Arias Cañete", que unido al anteproyecto de ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito supra autonómico, "estabilizaría definitivamente la denominación".

"un órgano de control"

El miembro de la Comisión Permanente ha explicado que se necesita un órgano de control "responsable de la certificación y el control de la denominación", que además "no tenga dependencia jerárquica y administrativa respecto a los órganos de dirección del Consejo Regulador como dice la Ley del Vino".

"Hay que asegurar la independencia de este órgano de control, que es el que va a dar verdaderamente seguridad a los inscritos de que lo que se hace, se hace bien, por lo que debería estar reservado a un funcionario público de la administración tutelante, en este caso el Ministerio de Agricultura", ha detallado.

Bajo la dirección de este funcionario, ha destacado De Jaime Baró, "las resoluciones corresponderían a una autoridad del Ministerio, por lo que la actuación del Consejo Regulador sería mixta".