El Gobierno de Portugal ha prohibido este martes cualquier nuevo gasto en las administraciones y servicios del sector público e impuso una autorización especial del Ministerio de Finanzas a cualquier nuevo pago.

La medida, la más radical aplicada hasta ahora por el Ejecutivo conservador luso con el gasto de los ministerios y dependencias del Estado, es la primera que adopta tras anunciar el domingo pasado nuevos recortes sociales para cubrir 1.300 millones de euros de los que ha declarado ilegales el Tribunal Constitucional. Un despacho del ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, emitido esta jornada señala que la restricción se mantendrá hasta "nueva orden" del Ejecutivo.

De la congelación solo se salvan tres tipos de gastos de importe variable: los pagos habituales de personal, los generados por los contratos en ejecución, como los pagos de servicios básicos de agua o luz, y las costas judiciales.

Medidas similares, aunque menos radicales, adoptadas anteriormente por el Gobierno luso para no sobrepasar los márgenes de déficit fiscal, generaron situaciones muy criticadas en servicios públicos que debían afrontar gastos imprevistos o superiores a los presupuestados.

Hubo hospitales que se quejaron de no poder renovar equipos y medicamentos, comisarías en las que faltaba el papel, trámites administrativos parados por falta de tinta en las impresoras o películas extranjeras que no podían ser subtituladas y se proyectaban en la filmoteca nacional en lenguas que nadie entendía.

La autorización de gastos no presupuestados en este ejercicio será además "excepcional", según el Ministerio de Finanzas, y en principio solo para partidas que se notifiquen en un plazo tan perentorio que finaliza este mismo martes.

El despacho de Finanzas atribuye la medida a la necesidad de corregir los presupuestos por la sentencia del Constitucional, que el pasado viernes consideró ilegales la supresión de una paga extra a los pensionistas y funcionarios, así como recortes del 5 y 6% en los subsidios de desempleo y enfermedad.