La Junta de Castilla y León junto con lo grupos políticos mayoritarios en las Cortes —PP y PSOE—, han pactado una moción que se defenderá en el próximo Pleno de las Cortes con el fin de crear un grupo de trabajo que avanzará en el nuevo modelo de financiación desde la base de los principios establecidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Este acuerdo parte de la propuesta lanzada por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, con el fin de consensuar una postura de Comunidad en torno al nuevo modelo de financiación, un ofrecimiento que fue recogido por el Grupo Parlamentario Socialista.

Así, según han informado a Europa Press fuentes del Grupo Parlamentario Popular, tras las reuniones mantenidas entre la Junta y los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular se ha alcanzado un acuerdo que permitirá aprobar en el próximo pleno de las Cortes, que se celebrará los días 16 y 17 de abril, una moción para la creación de un grupo de trabajo con participación del Gobierno Regional y de todos los Grupos Parlamentarios para que, partiendo de los principios establecidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, elabore una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, que permita mejorar la financiación actual de las competencias atribuidas a la Comunidad.

Los resultados de este grupo de trabajo serán defendidos como la posición de la Comunidad de Castilla y León en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Principios estatutarios

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 82 consagra los principios de la Hacienda de la Comunidad: autonomía financiera, suficiencia, equidad, solidaridad, transparencia, economía y eficiencia.

A su vez el artículo 83 del Estatuto regula las relaciones de la Hacienda de la Comunidad con la Hacienda del Estado, estableciendo los principios de suficiencia, igualdad y solidaridad y equilibrio entre las distintas comunidades autónomas, la participación de Castilla y León en los mecanismos de nivelación y en el Fondo de Compensación Interterritorial y la garantía de equilibrio económico previsto en el artículo 138 de la Constitución.

Así mismo incluye el principio de lealtad institucional entre el Estado y la Comunidad de Castilla y León. Igualmente establece los factores que deben ponderarse dentro del sistema de financiación de las comunidades autónomas: extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento poblacional.

Las disposiciones adicionales séptima y transitoria tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación autonómica establecen que este sistema deberá ser valorado con carácter quinquenal y que la primera evaluación se hará con referencia al año 2013. Como consecuencia, el Consejo de Política Fiscal y Financiera reunido el pasado 21 de marzo de 2013 acordó la creación de un grupo de trabajo en el seno del Consejo al que encomendó el análisis del efecto de la aplicación del actual sistema de financiación.