La ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tratará de aprobar en su reunión de este martes un documento definitivo con su posición sobre la reforma de la administración local que prepara el Gobierno, asunto que ha dividido a los partidos que forman el organismo.

El documento recogerá las alegaciones presentadas por las federaciones territoriales y por ayuntamientos y diputaciones de todo el país. La redacción no está cerrada, a la espera de buscar el acuerdo final este martes.

Dentro de la federación hay asuntos al menos en cuyo rechazo todos están de acuerdo. Es el caso de la intervención de los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes y de que los municipios deban pagar a las comunidades autónomas por que estas asuman competencias en educación que ahora ejercen los ayuntamientos, según ha explicado Iñigo de la Serna, presidente de la FEMP.

De la Serna espera que los grupos políticos sean "capaces" de sacar este martes una "propuesta común" con acuerdo de todos sobre las modificaciones "necesarias" al anteproyecto elaborado por el Gobierno de España.

El Gobierno está revisando docenas de alegaciones recibidas al informe aprobado en febrero sobre la reforma de la administración local. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas analiza las aportaciones que ha recibido de instituciones locales y comunidades autónomas como la de Galicia, Castilla y León, Navarra y Madrid.

Cuando concluya este trabajo, se convocará una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local y después, se remitirá un documento al Consejo de Estado para que realice sus aportaciones. La iniciativa podrá convertirse después en proyecto de ley del Gobierno y enviada a las Cortes para su tramitación.

Casi un año de trabajo

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó en julio ante el Gobierno el primer documento con una propuesta para reformar la administración local, a partir de la cual inició las negociaciones con partidos políticos y municipios, a través de la FEMP. Un segundo informe llegó al Consejo de Ministros en febrero y ahora, el Ejecutivo se da de plazo hasta junio para redactar un tercer texto.

El Gobierno ha ido cosechando críticas a la propuesta y en las últimas semanas no deja de lanzar mensajes de que está abierto al diálogo y a escuchar aportaciones y de que hay tiempo para alcanzar un acuerdo. Rajoy aseguró el miércoles ante su partido que quiere consenso dentro y fuera del partido. "También fuera, pero por supuesto dentro", remachó.

Desde el documento de julio hasta el de febrero, el Ejecutivo ha ido rebajando sus pretensiones iniciales en asuntos como la reducción de concejales y de sueldos, muy destacados al inicio de la reforma; a cambio, se ha mantenido en otros capítulos como la trasferencia de competencias y de financiación de los ayuntamientos a diputaciones y CCAA, o el regreso de los secretarios municipales al cuerpo de funcionarios del Estado, sin dependencia por tanto del alcalde para su permanencia en el puesto.

La propuesta de Administraciones Públicas establece también lo que se denomina coste estándar para los servicios públicos, una estimación de lo que se puede pagar por ellos y al que deberán ajustarse las entidades locales si quieren mantener la competencia.

El rechazo ha llegado incluso de las diputaciones, que a simple vista parecen las grandes beneficiadas por la reforma porque asumirán las competencias de aquellos ayuntamientos que no las puedan prestar con eficiencia; su función, por tanto, se refuerza. Varias de ellas expresaron sin embargo sus críticas en la comisión de diputaciones de la FEMP hace unas semanas, empezando por el presidente de la Diputación de Valencia y de este foro, el 'popular' Alfonso Rus.