El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva juzgará este martes a partir de las 11,00 horas a un abogado, cuya identidad responde a las iniciales F.M.P.M, y para el que la Fiscalía de Huelva solicita cuatro años de cárcel por un delito continuado de estafa, así como una multa de diez meses a razón de seis euros de cuota diaria, que asciende a 1.800 euros, tras ser acusado de estafar 5.800 euros a varios inmigrantes a quienes se ofreció para tramitarles documentación y regularizar su situación y la de algunos familiares, sabiendo que no podría hacerlo.

En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, también solicita la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado, así como el desempeño de cualquier profesión u oficio directa o indirectamente relacionadas con la asistencia, asesoramiento, tramitación, intermediación, formación y representación de ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio nacional o que pretendan acceder al mismo durante el tiempo de la condena, como pena accesoria durante el tiempo de la condena.

El Ministerio Fiscal considera probado que este abogado, condenado por sentencia firme por un delito de conducción sin permiso, en los primeros meses del año 2008 entabló contacto con varios ciudadanos colombianos y uno paquistaní, a los que solicitaba cantidades de dinero que oscilan entre los 1.000 y 6.000 euros por persona, por la tramitación de la documentación necesaria para regularizar su situación y la de familiares de estos, procediendo el acusado a la presentación de las solicitudes de permiso de trabajo y residencia en la Oficina Única de Extranjeros de Huelva, a sabiendas de que no les serían concedidas dichas autorizaciones por las autoridades administrativas.

Del mismo modo, sostiene que en el mes de marzo de 2008, el acusado entabló contacto con otra ciudadana colombiana, a quien del mismo modo expuesto en el párrafo precedente solicitó y obtuvo de la misma la cantidad de 900 euros satisfechos en metálico como entrega a cuenta de la cantidad total de 1.000 euros para gestionar la tramitación correspondiente para que pudiera venir a España su hijo, apoderándose de dichas cantidades con ánimo de lucro ilícito, a sabiendas de la imposibilidad de que le fuera concedido al mismo las autorizaciones de trabajo y residencia solicitadas.

A su vez, el acusado en los primeros meses del año 2008 conoció a otro ciudadano colombiano a quien solicitó la cantidad total de 6.000 euros por la tramitación de la documentación necesaria para regularizar la situación de varias personas de su familia, procediendo el acusado a la presentación de las solicitudes de permiso de trabajo y residencia en la Oficina Única de Extranjeros de Huelva, a sabiendas de que no les serían concedidas dichas autorizaciones por las autoridades administrativas al presentarse.

En varias ocasiones, el letrado acusado presentaba estas solicitudes acompañadas de ofertas de trabajo supuestamente efectuadas por M.P.M.D., titular de una explotación agraria en Niebla que se había dado de baja a efectos de cotización por carecer de trabajadores en la fecha de febrero de 2008, careciendo de actividad real a la fecha de los hechos.