El fiscal solicita para el autor confeso del robo del Códice Calixtino en 2011, Manuel Fernández Castiñeiras, 15 años de prisión por la presunta comisión de cuatro delitos y el pago de 2,3 millones a la catedral de Santiago, en concepto de responsabilidad civil.

El fiscal pide en el escrito de acusación una pena de cinco años por un delito continuado de robo con fuerza y otra de dos años por un delito contra la intimidad, a los que suma otra petición de cinco años por otro delito de robo con fuerza y tres años más por blanqueo de capitales.

Además, la Fiscalía solicita por estos delitos el pago de una multa de 300.000 euros, el comiso de cinco fincas y de distintas llaves y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (presentarse a la elección como cargo público).

Para Fernández Castiñeiras el fiscal pide, además, en concepto de responsabilidad civil, que indemnice a la catedral con 2,3 millones de euros, así como otra cantidad "a determinar" por las sustracciones entre el 1 de enero y el 4 de julio de 2012, y con 2.272 euros al exdeán José María Díaz.

Para la mujer del acusado, Remedios Nieto, la Fiscalía solicita por un delito de blanqueo la pena de un año y seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 300.000 euros y el comiso de las mencionadas fincas propiedad del matrimonio.

Al hijo de ambos, Jesús Fernández Nieto, al que se le acusa de un delito de receptación, se le pide la pena de prisión de seis meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el comiso de las fincas.

El códice, así como otros libros de valor, fue recuperado un año después de su sustracción en un garaje propiedad de Fernández Castiñeiras en una localidad limítrofe con Santiago de Compostela.

Manuel Fernández Castiñeiras, el autor confeso de la sustracción del Códice Calixtino en julio de 2011, sacó el manuscrito del siglo XII del Archivo de la catedral de Santiago de Compostela oculto entre sus ropas. Así consta en el escrito firmado por el fiscal Antonio Roma y que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital gallega.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal señala que el acusado, extrabajador de la basílica, disponía de una llave de acceso desde el claustro, "que había adquirido por medios no determinados", pero que, en cualquier caso, no devolvió a la finalización de sus servicios y que ocultaba en la Capilla del Alba con una nota manuscrita por él mismo para poder identificarla.

Valiéndose de la mencionada llave, Fernández Castiñeiras accedió al Archivo catedralicio a través del claustro y abrió la caja de seguridad en la que se encontraba el Códice Calixtino, "que ocultó entre sus ropas y se llevó del lugar".

Una vez sustraído el valioso manuscrito, considerada la primera guía de peregrinos y con un valor de aseguramiento de 7 millones de euros, el acusado lo "ocultó entre sus ropas" y se lo llevó hasta un garaje de su propiedad en Milladoiro, núcleo de población cercano a Santiago y en el que sería recuperado por la policía un año después.

En la calificación fiscal, se indica también que el acusado prestó sus servicios profesionales como electricista para la catedral compostelana con anterioridad al año 2005, y que para el desempeño de los trabajos que iban surgiendo le fueron entregadas llaves de acceso a diferentes puntos del edificio catedralicio.

El fiscal sostiene que, a la finalización de sus servicios, Fernández Castiñeiras "no devolvió las llaves, haciéndolas propias, y guardándolas bien en su domicilio de Milladoiro, bien en su vehículo o bien en lugares ocultos al público y escondidas al personal en la Capilla del Alba" de la catedral.

"La apropiación y ocultación de todas las llaves se hizo con la intención de seguir sustrayendo dinero y otros efectos de interés", se añade en el escrito de la Fiscalía. Pese a haber finalizado el encargo de servicios, y valiéndose de las relaciones personales establecidas con personal de la catedral, el acusado, según el fiscal, continuó asistiendo al templo a diario "para indagar las medidas de seguridad", así como para "conocer las costumbres de las distintas personas", y, esta manera, "detectar los lugares en los que se depositaba dinero u otros bienes" y "los fallos en los sistemas de seguridad".

"De esta manera, utilizando las llaves de acceso al claustro, la sala de canónigos y otras dependencias, el acusado recorría las distintas estancias buscando momentos de ausencia de otras personas o sin llamar la atención entre los presentes", se dice en el escrito de acusación. Además, la Fiscalía señala que desde agosto del año 2000 hasta el 3 de junio de 2012, "el acusado acudía diariamente a la catedral compostelana desde las 7 horas", y que se hizo con las claves de las distintas cajas fuertes, "que anotaba y guardaba en papeles en su domicilio y que iba escribiendo a medida que se iban modificando".

Así es como Fernández Castiñeiras, según el fiscal, se hizo, desde agosto de 2005 y hasta el año 2011, con hasta 2,3 millones de euros que iba sustrayendo del dinero procedente de distintas actividades de la catedral, tales como donativos, arrendamientos o venta de productos, entre otras.

Del despacho del exdeán José María Díaz, el fiscal explica que el acusado se llevó, aparte de documentos "para conocer datos personales", dinero y objetos de plata y personales, tales como dos libros facsímiles, un Libro de Horas y un Officium Virginis. Igualmente, y de ese mismo despacho, Fernández Castiñeiras sustrajo en distintas ocasiones diez ejemplares facsímiles del Códice Calixtino valorados cada uno en más de mil euros.

Como dato curioso, entre los documentos recuperados en el registro del domicilio del acusado practicado en julio de 2012 han sido halladas notas de protocolo de la visita del papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela en noviembre del año 2010.

En el escrito de acusación, el fiscal Antonio Roma indica también que el acusado decidió utilizar el dinero sustraído en efectivo e introducirlo "en el circuito lícito".

Para ello, añade, se puso de acuerdo con su esposa Manuela Nieto y con su hijo Jesús, "de manera que la presencia de tres personas no generase dudas en torno a la enorme cantidad de dinero en efectivo que disponían en la adquisición de fincas urbanas, con ocultación del origen ilícito del dinero".

Manuela Nieto y Jesús Fernández, también acusados, "eran conocedores de la ausencia de medios de vida lícitos que justificasen semejante cantidad de dinero en efectivo", según el fiscal, y afirma que "asumían" firmar con él la adquisición de inmuebles, "a sabiendas del origen delictivo del capital entregado.