El TC examina al Gobierno

• Recortes en Sanidad: El Constitucional admitió a trámite en septiembre de 2012 los recursos presentados por la Junta de Andalucía y el Principado de Asturias contra la Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que entre otros ajustes deja sin atención sanitaria (no urgente) a aquellas personas que no gocen de tarjeta sanitaria. En los recursos se hacía constar que el Ejecutivo vulnera la carta magna al pasar de ser "ciudadanos titulares del derecho a la salud a ser asegurados y beneficiarios de un servicio". Similares argumentos esgrimió el Govern de la Generalitat para presentar un recurso de inconstitucinalidad similar el pasado enero. También han recurrido este decreto las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.
• No actualización de las pensiones: Cinco de las formaciones políticas de las oposición en el Congreso (PSOE, CiU, Izquierda Plural, PNV y UPyD) presentaron en febrero de 2013 un recurso contra la decisión del Gobierno de actualizar el poder adquisitivo de los pensionistas por debajo del Índice de Precios de Consumo (IPC). Las pensiones se subieron un 1%, pero el IPC de noviembre (el de referencia) se había situado en el 2,9%. Según los firmantes del escrito remitido al Constitucional, el artículo 50 de la Constitución contiene un mandato, según el cual, los poderes públicos han de garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
• Recortes en Educación: Otras cinco comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco) remitieron sendos recursos ante el TC contra las medidas de recorte y ajuste en Educación, que entre otras medidas permitía aumentar hasta un 20% el número máximo de alumnos por aula, establecer un mínimo de 25 horas lectivas del profesorado de Infantil y Primaria y de 20 horas en el resto de enseñanzas. Los gobiernos andaluz y asturiano, por ejemplo, ven inconstitucional que la sustitución de profesores titulares por interinos sólo se pueda llevar a cabo a partir del décimo día de baja.
• Reforma laboral: En noviembre de 2011 el TC admitió a trámite el recurso contra la reforma laboral promovido por PSOE e Izquierda Plural. Estas formaciones políticas consideran que al menos siete artículos y dos disposiciones de ese decreto-ley no se atienen a la legalidad constitucional, al atribuir a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos la facultad para acordar a inaplicación de cuestiones pactadas por convenio. También ven inconstitucionales la preferencia de los convenios de empresa, eliminar los salarios de tramitación y establecer un año de periodo de prueba en los nuevos contratos fijos para pymes.
• Supresión de la paga extra a los funcionarios: La decisión de suprimir una de las pagas extra a todos los funcionarios públicos (medida que entró en vigor en julio de 2012) ha motivado, en este caso, una cuestión de inconstitucionalidad formulada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, después de que esta última rebatiera los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado, que apelaba al interés general. Así, el máximo intérprete de la Constitución deberá resolver si esta medida de recorte contraviene el artículo 9.3 de la CE, que impide aplicar normas con efectos retroactivos (ya que la paga extra se devenga día a día, aunque se pague al final de cada semestre). Aunque la cuestión aún no ha sido resuelta, el TC sí que prohibió al Gobierno vasco (en desacuerdo con la supresión de una extra) pagar a sus funcionarios.
• Tasas judiciales: Tanto Andalucía y Cataluña, como el PSOE, han recurrido la ley de tasas judiciales del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. El argumento principal en contra de esta medida (criticada por organizaciones que representan a todas las instancias legales españolas) es que vulnera los principios de igualdad y de tutela efectiva, ambos consagrados por la CE. "Con esa ley se crea una justicia para la clase pobre, que no tendrá que pagar las tasas, y otra para la clase más alta, mientras que perjudicará sobre todo a las clases medias y bajas", argumentó el consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera.
• Amnistía fiscal: El Grupo Parlamentario Socialista, con el apoyo de 50 diputados, vio como el TC admitía a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el decreto de medidas tributarias, conocido como amnistía fiscal (ya que permitía tributar al 10% rentas y patrimonios ocultos para la Hacienda Pública). Fue el exministro de Justicia, Francisco Caamaño, el que elaboró un informe previo en el que atacaba la injusticia de esta medida tributaria, ya que es "manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad". Según los socialistas, la amnistía fiscal quiebra el principio de generalidad, que prohíbe los privilegios, la exoneración de cargas fiscales sin fundamento y los beneficios fiscales injustificados. El recurso a esta medida, a su vez, está tramitándose también en la Audiencia Nacional.
• Liberalización horarios comerciales: Extremadura presentó un recurso contra el decreto de medidas que permitía la liberalización de horarios comerciales. También Andalucía recurrió los horarios comerciales, en un recurso en el que denuncian también la inconstitucionalidad del recorte de días libres a los empleados públicos, tal como consta en el decreto para la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. Cataluña, por su parte, ha anunciado que presentará un recurso también.
• Ayudas a las renovables: Cuatro autonomías (Canarias, Extremadura, Andalucía y Galicia) presentaron sendos recursos en contra de un real decreto urgente que suspende la preasignación de retribuciones y elimina las ayudas y los incentivos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de renovables y residuos.
• Recursos también contra las CC AA: El TC tiene que deliberar no sólo contra medidas de ajuste decretadas por el Gobierno central. También hay decretos autonómicos cuya constitucionalidad está puesta en duda. Así, un grupo de 50 senadores socialistas han presentado un recurso contra 15 artículos del decreto de medidas urgentes para la reducción del déficit aprobado en la Comunitat Valenciana. También el PSOE ha promovido el recurso contra la privatización de la gestión de la sanidad pública madrileña, al tiempo que el Ejecutivo de Rajoy, por su parte, ha recurrido los 'euro por receta' impuestos en Cataluña y Madrid.