El exdirector de Promoción Industrial de Baleares, Kurt Viaene, ha reconocido que ha cobrado comisiones y ha entregado hasta 100.000 euros en metálico y en sobres al exconseller de Comercio Josep Juan Cardona (PP), en el juicio oral por el expolio de 8,27 millones de euros de fondos públicos, los sobrecostes de contratos amañados y las comisiones cobradas entre 2003 y 2007 a raíz de la trama del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).

De los dieciocho acusados por esta trama, que se desarrolló cuando Jaume Matas gobernaba en la comunidad, quince han admitido la culpabilidad de los delitos que se les imputan, a otro se le ha retirado la acusación y solo el exconseller Cardona, el primero de Matas que se sienta en el banquillo por corrupción, y un presunto testaferro no han aceptado las acusaciones del Ministerio público.

En un escrito entregado al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma, el exdirector de Promoción Industrial ha admitido ser consciente de que se manipulaban expedientes para contratar siempre a los mismos proveedores, una situación de la que se aprovechó "aceptando la percepción de comisiones". Unas comisiones que, ha dicho, también le entregaba, mediante sobres con dinero en efectivo, a Cardona.

"Yo personalmente le entregué a lo largo del período 2003-2007 en unas cinco ocasiones sobres que contenían dinero y que me fueron entregados por Antonia Ordinas (exgerente del CDEIB) a tal efecto. Las cantidades que contenían los sobres eran aproximadamente 20.000 euros cada uno", explicó Viaene, que también apuntó que el exconseller ejercía un "férreo control" sobre las actividades de la Consellería y del CDEIB, sobre las que tenía siempre la última palabra.

Por otro lado, la tercera principal acusada, la exdirectora del CDEIB, Antonia Ordinas, en cuyo domicilio se encontró enterrada durante un registro una lata de Cola-Cao con 360.000 euros de dinero malversado, también admitió los hechos que se le imputan. No ha ocurrido lo mismo con el marido de su exsecretaria, el supuesto testaferro Jaime Julio Fernández Abad, que no se conforma con la pena solicitada.

En total, en un nuevo escrito presentado por la Fiscalía tras las conformidades de quince acusados, la petición provisional de penas de cárcel ha bajado de 114 años y 6 meses a 51 años y 9 meses, y las sanciones económicas de más de 19 millones de euros a 9,38 millones. No obstante, la responsabilidad civil solicitada se ha incrementado hasta los 11 millones de euros.

De esta forma, para Viaene la Fiscalía ha pasado de pedir 20 años de prisión y 7,5 millones de euros de multa a 5 años y 10 meses y 703.600 euros. Para Ordinas, que será interrogada este martes y que ha colaborado con la investigación y ha devuelto dinero durante la fase de instrucción, también se ha reducido la petición de pena, de 7 años de prisión y una multa de 1,05 millones a 4 años y 2 meses y 503.600 euros.