El PP-A va a solicitar este lunes que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, comparezca en el próximo Pleno del Parlamento andaluz, previsto para los días 24 y 25 de abril, para que explique por qué ha apuntado que existe "responsabilidad política" de los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Sevilla el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, después de que Martínez Aguayo manifestase el pasado viernes, durante una entrevista en Canal Sur Televisión, que los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera —actual diputado del PSOE en el Congreso— y Antonio Fernández —ya imputado en el caso ERE— "tienen responsabilidad política, sin duda, porque son los responsables de esa consejería durante ese tiempo".

Sanz ha asegurado que estas declaraciones "abren un socavón definitivo en el seno del Consejo de Gobierno" y ponen de manifiesto "lo que el PP-A viene denunciando desde hace tiempo, que la responsabilidad política de esta trama corrupta y esta organización criminal de los ERE no es cosa de 3 o 4 golfos, sino que, por lo que vamos conociendo, está pasando ya a ser un caso de 5 o 6 consejeros y, por supuesto, del presidente de la Junta, (José Antonio Griñán), que era consejero de Hacienda", ha señalado.

En esta línea, el 'número dos' del PP-A ha afirmado que "ya son muchos consejeros los que sabían" de las "irregularidades" de los ERE y concretamente ha citado, además de a Viera y a Fernández, al exconsejero de Empleo Manuel Recio por ser quien debía de dar "órdenes" al ex director general Daniel Rivera —al que la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, impuso una fianza de más de millones por "permitir el reparto indiscriminado de fondos públicos" y al que la Junta "ha pagado la defensa"—; al actual consejero de Turismo, Rafael Rodríguez (IULV-CA), por "conocer" en su etapa anterior como consejero en la Cámara de Cuentas el informe en el que este órgano detectó "fraude de ley" y "responsabilidades penales" en las ayudas y, finalmente, a la consejera Aguayo, a la que acusa de querer ser el "cortafuegos" de Griñán.

"Tengo claro que aquí no hay versos sueltos. Yo no me creo que en el Consejo de Gobierno nadie actuara a título individual. Estoy convencido de que en el Consejo de Gobierno las directrices políticas las da hoy el señor Griñán y antes las daba Manuel Chaves", ha insistido para elevar las "responsabilidades políticas" del caso a lo más alto de la Junta.

Ante ello, Sanz ha exigido a Aguayo que tenga la "gallardía" de explicar en la Cámara autonómica por qué señaló a Fernández y Viera y si lo ha hecho para seguir "haciéndole favores al presidente" como el que, a su juicio, hizo el pasado marzo de 2011 cuando aseguró que "nunca presentó a Griñán" los informes de la Intervención General sobre las ayudas sociolaborales concedidas por la Administración autonómica, ha recordado mostrando a los periodistas una foto de la consejera con los "carritos de los expedientes".

"Ese mismo día la consejera estaba reconociendo que ella también tenía responsabilidades políticas en este escándalo de los ERE y desde ese mismo momento el señor Griñán, en el mejor de los casos, la debería de haber cesado por haberle ocultado los informes de la Intervención General", ha advertido Sanz para volver a insinuar que, si no lo hizo, fue por "devolverle los favores".

El secretario general de los populares andaluces se ha preguntado "cuántos dirigentes de la Junta y del PSOE-A está dispuesto a sacrificar Griñán con tal de salvarse él" y lo ha cuestionado, igualmente, sobre "cuántas barricadas pretende seguir construyendo alrededor de su despacho para intentar convencernos de que no sabía lo que pasaba", algo a lo que el PP-A no da credibilidad alguna porque considera que Griñán está "mintiendo a los andaluces" y, además, "desaprovechando" las oportunidades que tiene para poner "punto y final" al caso de los ERE.

Según Sanz, lo podría haber hecho el pasado miércoles durante su comparecencia a petición propia en la Cámara andaluza, donde optó, sin embargo, por poner "punto y seguido" al caso, por "no decir la verdad", por no asumir responsabilidades políticas y, en definitiva, por hacer solo "un kit-kat" en el "largo recorrido parlamentario" que, tal y como ha augurado, aún le queda a la trama de los ERE fraudulentos.

Más comparecencias

Largo recorrido porque, según ha explicado Sanz, el PP-A seguirá pidiendo comparecencias parlamentarias de quien considere oportunas a lo largo de este curso político. Así, ha anunciado que su grupo también reclamará las del ex director general de Presupuestos y actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, y de la ex interventora general entre 2010 y 2012, Rocío Marcos.

La primera la ha justificado señalando que se trata de un "hombre de máxima confianza de la Junta" y que, según ha contado el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, participó en un supuesto "gabinete de crisis" que se celebró en 2005 para "poner encima de la mesa que había ayudas que se concedían sin normativa", algo que además el PP-A pondrá en conocimiento de la juez Alaya en las próximas horas porque "ningún miembro del Consejo de Gobierno ha negado que esta reunión se produjera".

Sobre Marcos, Sanz ha recordado que es la exinterventora a la "que el PSOE-A vetó en la comisión de investigación" que se celebró este verano en el Parlamento por haber "dejado por escrito en julio de 2011 la forma irregular en que se concedían muchas ayudas".

Por todo ello, el 'popular' también ha reclamado que "la vía judicial y la política" transcurran de "forma paralela" para aportar "transparencia y credibilidad" al Gobierno andaluz y no, como apuntó ayer Griñán en una entrevista con 'El País', que se asuman las responsabilidades políticas, en su caso, cuando el caso "se sustancie judicialmente".

Otras responsabilidades

Responsabilidades en toda esta "trama y organización criminal de los ERE" ve también el PP-A que tienen, por un lado, el actual presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, y por otro, los sindicatos CCOO y UGT, a los que ha invitado a comparecer también en sede parlamentaria para explicar su "papel" en el caso.

Sanz ha acusado a López de "manipular" el informe de la Cámara de Cuentas donde se apuntaban las "posibles responsabilidades" de Griñán y ha retado al presidente de la Junta a "pedir la dimisión" de López si "de verdad él no tiene que ver en la trama de los ERE", algo que no cree que haga por "no estar en condiciones" de hacerlo.

También ha mostrado la "máxima preocupación" de su partido porque solo CCOO haya anunciado una "auditoría interna" sobre su participación en la mediación de los ERE irregulares. Así, tras exigir a UGT que haga lo mismo y señalar que no entiende "por qué un sindicato tienen que cobrar comisiones por hacer algo que es su trabajo", ha invitado a ambas organizaciones a comparecer en el Parlamento de Andalucía.

De no hacerlo, el PP-A también podría reclamar sus comparecencias porque, según ha advertido Sanz, las de Aguayo, Lozano y Marcos no serán las únicas que pidan en este curso, ya que consideran que, tras el "fracaso" de la Comisión de Investigación, ésta será la "única forma de seguir investigando" sobre las responsabilidades políticas de los ERE. Sobre las judiciales, ha mostrado su confianza en la instrucción del caso por Alaya y ha confirmado que, por el momento, el PP-A no le ha pedido que investigue las ayudas excepcionales a Primayor en 2012.