La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha defendido este lunes la limitación de la ayuda a domicilio ordinaria a 20 horas mensuales para equipararla con el tiempo de atención domiciliaria previsto para dependientes de grado 1.

Y es que, aunque reconoce que el óptimo sería poder dedicar más tiempo, la consejera incide en que desde el Gobierno autonómico no pueden asumir todo el coste de los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuya aportación a los servicios sociales en Asturias ha descendido en más de 14 millones de euros, principalmente en materia de dependencia, en planes concertados y en su contribución al servicio de teleasistencia municipal.

"No podremos llegar a tapar toda la situación", ha apuntado, incidiendo en que la Administración asturiana busca "equilibrio y justicia" para evitar un "agravio comparativo" a que quienes tienen reconocido un derecho subjetivo en base a la Ley de la Dependencia, con el propósito de que "no tengan menor intensidad en el tiempo de asistencia que quienes no lo tienen reconocido".

Igualmente, Díaz ha remarcado que, pese a lo dicho este fin de semana por ocho ayuntamientos gobernados por Foro y PP, el Plan Concertado si ha sido explicado y analizado con los municipios, a la vez que calificó de "increíble" que quienes recortan en el ámbito nacional reclamen más recursos al Gobierno autonómico.

La consejera, que compareció en comisión parlamentaria, aprovechó también para incidir en que el Principado "hace los deberes" y cumple con los objetivos de déficit, por lo que lamenta que el Gobierno central exija para unas comunidades lo que para otras flexibiliza "para sacarlas del atolladero" cuando no cumplen.

Al respecto, el portavoz del Grupo Mixto, el diputado de UPyD Ignacio Prendes, que preguntó a la consejera sobre la cláusula limitativa de horas para la prestación de la ayuda a domicilio en el marco del Plan Concertado para 2013, ha lamentado que se mantenga dicha cláusula. "Si se habla que de Asturias trata de paliar los recortes no podemos implementarlos o acomodarlos limitando los servicios", ha argumentado, remarcando que se trata de colectivos vulnerables.

Dependencia y salario social

Además, la consejera ha señalado durante la comisión, en respuesta a la diputada de Foro Esther Landa, que la cifra ofrecida por el Imserso en el mes de marzo "se acerca bastante a la realidad" y sitúa en 3.644 el número de beneficiarios de la Ley de Dependencia pendientes de prestación o servicio.

Del mismo modo, ha comentado que unas 2.500 personas que ya reciben la prestación aun no la tienen oficialmente reconocida, por lo que se encuentran administrativamente "en el limbo". Además, en declaraciones a los medios tras la sesión, Esther Díaz ha confirmado que actualmente 15.566 personas perciben una prestación o servicio en el Principado al amparo de la Ley de Dependencia.

En cuanto a la gestión de las incidencias que llegan a la Consejería desde las administraciones locales sobre el Salario Social Básico, la diputada de Foro Esther Landa ha reprochado que se tarden unos 20 meses en resolver las solicitudes y hasta 15 meses en revisarlas, alertando de que existen casos en que los beneficiarios rechazan trabajos temporales por el riesgo de "volver a ponerse a la cola" para cobrar la prestación.

"Usted habla de caos y caos es lo que dejaron ustedes cuando llegamos a la Consejería", ha replicado la consejera, reiterando su compromiso de acabar con la lista de espera este año.

Viviendas en navia y residencia de tineo

También en comisión se han abordado los defectos de las viviendas sociales de Las Veigas en Navia a preguntas del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, quien ha asegurado que los vecinos están "cansados de parches y de obras a medias que no han resuelto los problemas".

Igualmente, la consejera ha respondido a la diputada de Foro Esther Landa sobre la fecha prevista para la apertura de la residencia geriátrica 'El Mirador', de Tineo, explicando que las obras llevan meses terminadas. "Está preparado pero la apertura está pendiente de la prohibición de contratación de personal por los Presupuestos Generales del Estado", ha dicho Díaz, indicando que "es imposible" dar una fecha de apertura porque "no depende del Principado".