Según informó la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, esta operación supone el mayor golpe policial realizado en toda Europa contra el cárding, el uso de tarjetas de crédito ajenas o fraudulentas para comprar. Los

En la operación se han desmantelado cuatro talleres, donde se confeccionaban las tarjetas y documentaciones falsas.

Además se han practicado once registros en varios domicilios, diez de ellos en Madrid capital y otro en la localidad de Majadahonda.

En los registros se han intervenido 1.482 tarjetas clonadas, 25.557 euros, 2.720 libras esterlinas, 370 dólares americanos, fichas de casino por importe de 8.900 euros y numerosos instrumentos para la confección de tarjetas.

Red internacional

Los dos grupos obtenían los 'dumps', es decir la información de las bandas magnéticas, a través de hackers asentados en Rusia y Ucrania, quienes conseguían los datos de servidores de grandes compañías estadounidenses.

El grupo desarticulado ahora estaba integrado en sus escalones superiores por individuos malayos y de Singapur, quienes realizaban falsificaciones integrales de tarjetas con una calidad "nunca vista hasta la fecha", según la Policía.

Con la ayuda del Servicio Secreto estadounidense, los agentes pudieron determinar el punto de origen de esas tarjetas copiadas.

Los jefes del grupo distribuían las tarjetas falsificadas entre ciudadanos de origen asiático, a quienes se dotaba también de documentación falsa, y nacionales españoles.

Estas personas eran las encargadas de realizar compras en centros comerciales de toda España: vídeo consolas, teléfonos móviles, perfumes y joyas, principalmente, que se vendían a precios muy inferiores a los de mercado, muchos de ellos en establecimientos de frutos secos y similares.

Devolución del IVA

El grupo reclamaba, incluso, la devolución del IVA en sus compras al tratarse de ciudadanos no residentes en la Unión Europea.

A los detenidos, que han sido puestos a disposición judicial, se les considera presuntos responsables de los delitos de asociación ilícita, falsificación de moneda, estafa, receptación, falsificación documental y contra la Hacienda Pública, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.