El comité de empresa de Mercasevilla, la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, ha celebrado una entrevista con el diputado nacional de IU José Luis Centella, al objeto de que la federación de izquierdas eleve a la Cámara baja el conflicto de la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado, extremo que implica casi cien despidos. El Ayuntamiento de Sevilla, socio mayoritario de la empresa, ha anunciado una ampliación de capital para esta sociedad al objeto de financiar el expediente de regulación de empleo (ERE) asociado a la liberalización de la lonja.

Mientras el Consistorio ha aprobado ya de manera inicial la modificación de reglamentos necesaria para materializar la liberalización de los servicios de la lonja de pescado, el comité de empresa ha pedido a José Luis Centella que exponga el conflicto en el Congreso de los Diputados. "Queremos que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación aclare cómo ha actuado en este asunto ante la Unión Europea", ha dicho a Europa Press Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa. Y es que los trabajadores temen una actuación "parcial" por parte de las autoridades estatales.

Expediente en la comisión europea

La liberalización de los servicios de la lonja parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced al expediente incoado por la Comisión Europea por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.

Y es que ya en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso del cobro que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 y ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).

El pronunciamiento del parlamento europeo

El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.

En este escenario, el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluía que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitaban una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". Tal extremo se traduce en la liberalización de los servicios de la lonja, que a su vez implica el despido de cerca de un centenar de trabajadores de Mercasevilla.

El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resoluciones definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación, toda vez que el derecho comunitario sería "inaplicable" en este caso al estar la empresa exclusivamente sujeta a la "regulación estatal".