Una jueza federal rechazó por considerarla inconstitucionalmente vaga la competencia del Gobierno de Estados Unidos de designar a ciertos grupos como organizaciones terroristas, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión, emitida en Los Angeles (California), respondió a una demanda del grupo 'Humanitarian Law Project', que cuestionó las facultades del presidente George W. Bush de bloquear los activos de grupos o individuos "especialmente designados como terroristas mundiales" tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Esta decisión atañe sobre todo a un grupo separatista de Sri Lanka y al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, quienes tienen sus fondos bloqueados por decisión de EEUU

En julio de este año, la juez había anunciado que, en principio, ratificaba las facultades amplias del presidente de designar a ciertos individuos o grupos como terroristas o promotores del terrorismo a escala mundial.

La magistrada, Audrey Collins, indicó entonces que su decisión condicionada permitiría la presentación de nuevos recursos legales sobre el caso.

Este estaba referido concretamente a los Tigres de Liberación de la Patria Tamil (LTTE, siglas en inglés), un grupo separatista de Sri Lanka, y al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PTK), una organización política que representa a los kurdos en Turquía.

La decisión prohibió que el Gobierno bloquee los fondos de esos dos grupos, y anuló una disposición ejecutiva que autorizaba a la Secretaría del Tesoro designar como terroristas a cualquiera que "ayude, patrocine o proporcione servicios" a ciertas organizaciones.

"Esta ley daba al presidente autoridad ilimitada de crear listas negras. Era una reminiscencia de la era McCarthy", señaló David Cole, abogado del Centro de Derechos Constitucionales que representó a 'Humanitarian Law Project' ante la jueza.

Durante la llamada era McCarthy, entre 1950 y 1954, el Gobierno de EEUU creó listas negras de quienes eran considerados comunistas o simpatizantes del comunismo ante la sospecha de que pretendían promover la subversión en el país.

"Ni siquiera en la lucha contra el terrorismo el presidente puede tener una autoridad sin controles para poner en la lista negra a cualquiera que considere mala persona o mal grupo. No se puede suponer culpabilidad por asociación", señaló.

Un portavoz del Departamento de Justicia en Washington señaló que la decisión de la juez es objeto de análisis y que hasta el momento no se ha decidido cuál será el próximo paso del Gobierno.