El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha ordenado el archivo de la querella presentada por Izquierda Unida contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por las identificaciones "indiscriminadas" y sanciones a participantes en protestas como las de 'Rodea el Congreso'.

En un auto del pasado 28 de febrero el titular del juzgado, Valentín Sanz, argumenta que los hechos que motivan la querella no son constitutivos de infracción penal.

Por su parte, Izquierda Unida ha recurrido el archivo de la querella. En un comunicado, los diputados de Izquierda Unida Alberto Garzón y Ricardo Sixto han considerado "muy preocupante" que se haya descartado investigar la "existencia de plan político previamente diseñado para identificar y sancionar a ciudadanos críticos con el Gobierno del PP y sus medidas, vulnerando así sus derechos".

Izquierda Unida denunció a Cifuentes por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y contra derechos recogidos en la Constitución por la actuación policial el pasado 27 de octubre durante una manifestación que tuvo lugar en Madrid, entre la plaza de España y la plaza Cánovas del Castillo, convocada por la iniciativa 'Rodea el Congreso'.

Para Izquierda Unida, la Policía, siguiendo instrucciones de Cifuentes, identificó tanto a participantes en la protesta como a personas "que pasaban por ahí" e inició un expediente sancionador aplicando sanciones administrativas que no se corresponden con lo acontecido porque "no se produjo desorden ni daño alguno".

Entre las personas identificadas por la Policía, se encontraba el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, a quien se le abrió un expediente por infracción grave por participar en una manifestación que no había sido comunicada, ni autorizada, así como por originar desórdenes graves en las vías o espacios públicos.

El magistrado señala en el auto que "no hay indicios de que se produjera una identificación caprichosa ni indiscriminada" de participantes en la protesta.

Tanto las identificaciones que realizó la Policía como la apertura de expedientes sancionadores a personas que participaron en la manifestación tienen una "justificación razonable", siendo "factible la interpretación de las normas" efectuada por la delegada del Gobierno, resalta el juez.

Tampoco ve el magistrado "indicio alguno de que se haya faltado a la verdad" en la narración de los hechos en el expediente sancionador.

Considera que la delegada del Gobierno no impidió el ejercicio de los derechos cívicos, ya que la manifestación "se desarrolló normalmente, pese a no haber sido comunicada".

Tras conocer el archivo, Cifuentes se ha mostrado satisfecha por la decisión judicial y ha recordado que como delegada del Gobierno se ha limitado siempre a cumplir la ley.