La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha mantenido reuniones con los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil en la comunidad para abordar la problemática de los 'escraches', una nueva forma de protesta que consiste en llevar las manifestaciones a los domicilios de parlamentarios, empresarios y cargos públicos, y les ha pedido que "se mantengan vigilantes para prevenir y, en su caso, impedir estas situaciones de acoso e intimidación".

En los encuentros con el general jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, Laurentino Ceña; el jefe de la UCOT de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, Francisco Perea Bartolomé, y los jefes superiores de la Policía de Andalucía Oriental, Francisco Arrebola, y Occidental, Miguel Rodríguez Durán, se ha estudiado "el marco legal en el que se desenvuelve este nuevo tipo de protestas".

En este sentido, Crespo ha defendido la necesidad de "prevenir y, en su caso, impedir" que los 'escraches' puedan "afectar tanto a los personajes señalados como a sus familiares, sin menoscabo del derecho de manifestación garantizado por la Constitución española, que el Gobierno siempre protegerá y apoyará", informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Al margen de la reunión, la máxima representante del Ejecutivo central en Andalucía ha lamentado las declaraciones de la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, apoyando los denominados 'escraches' y se ha preguntado "cómo es posible que, desde el seno del Consejo de Gobierno, se apoye una campaña de acoso y señalamiento a parlamentarios y cargos públicos en sus domicilios familiares".

Cortés apoya "la intimidación como herramienta de acción política"

"Es preocupante que la consejera crea que se debe recurrir a la intimidación como herramienta de acción política, fomentando este tipo de actuaciones desde su posición institucional, cuando debe primar el diálogo en el seno de las instituciones democráticas", ha añadido Crespo, que se ha mostrado "consciente de que muchas familias andaluzas lo están pasando mal porque no pueden hacer frente a sus hipotecas, pero lo que debe hacer la consejera es trabajar para dotar la esas familias de un parque de vivienda asequible, dentro del ámbito de sus competencias".

A este respecto, la delegada ha recordado que el Gobierno está buscando las mejores soluciones ante los desahucios tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que "está siendo especialmente sensible ante el drama de los desahucios, poniendo en marcha medidas orientadas a proteger a las familias más vulnerables".

Entre dichas medidas, ha destacado la puesta en marcha de un fondo social de viviendas que en Andalucía cuenta con un total de 859 inmuebles a disposición de los más necesitados y la paralización durante dos años del proceso de desahucio en las familias en una situación especialmente vulnerable.