El Grupo Municipal Popular ha acusado este jueves al Gobierno Local de actuar "de forma ilegal" al anunciar la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación (PGO) sin sacarlo a concurso, al ofrecer a la empresa encargada de la revisión del planeamiento de 2011, Urbyplan, la ampliación del objeto del contrato e iniciar el proceso desde la elaboración del Documento de Prioridades, una vez que este fue anulado judicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Así lo han manifestado en nota de prensa posterior al Consejo Social, en el que la concejala de Urbanismo, Lucía García, ha dado explicaciones tanto de la situación del Plan de Vías como del PGO tras su anulación.

"Está incurriendo en una ilegalidad, porque una empresa que fue contratada para un determinado trabajo, no puede realizar otro distinto sin que haya un concurso público previo convocado a tal efecto", ha dicho el PP antes de advertir que esta contratación podría recurrirse y anularía nuevamente el PGO.

"Nos encontramos con el intento de realizar una nueva adjudicación a dedo por parte de los representantes de Foro", ha añadido el portavoz del Grupo Popular, Manuel Pecharromán, además de instar a recuperar lo antes posible la seguridad jurídica en el urbanismo gijonés.

Además, el PP ha lamentado que Foro "vuelve a cometer los errores de los gobiernos socialistas, tomando decisiones de manera unilateral, sin tener en cuenta al resto de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Gijón y actuando como si tuvieran una mayoría para gobernar de la que carecen".

Para los 'populares', es preciso "el mayor diálogo, consenso y participación ciudadana posibles", así como "prudencia y cautela". El PP ha recordado, en este sentido, el ruego presentado en la Comisión de Urbanismo para que se faciliten los informes necesarios que permitan la correcta toma de decisiones sobre el Plan General y propiciar las reuniones, acuerdos y mecanismos que permitan el mayor consenso de los grupos municipales.

En cuanto al Consejo Social, Lucía García ha explicado a los medios de comunicación que siguen a la espera de la respuesta de Urbyplan sobre si se hará cargó de la redacción del nuevo PGO, mientras que ha confiado en que en dos o tres meses tengan listo el informe que determine la situación de cada desarrollo urbanístico, para saber en qué grado está afectado por la anulación del planeamiento de 2011.

El resultado de este informe determinará en gran medida cuáles son los desarrollos que deben ser paralizados, de acuerdo a la sentencia, cuales no por lo avanzado de su ejecución, y en cuales se podría si se abonan los correspondientes derechos indemnizatorios.

Una situación similar se examinará en la próxima reunión que mantenga el Ayuntamiento con la CUOTA, sobre aquellos planeamientos que se habían remitido a este organismo regional para que dictara el correspondiente informe. En esta situación está, entre otros, el Plan Parcial de Cabueñes.

Sí que ha señalado que los trabajos avanzados por Urbyplan, antes de la anulación del PGO, podrán ser aprovechados casi al 100 por ciento. Ha incidido en que en el nuevo proyecto se deben justificar por qué se proponen cambios y por qué no en cada desarrollo. Ha agregado, en este sentido, que la necesidad de vivienda en el PGO anulado se basan en datos de 2003, y "no van a ser válidos seguro". No está definido tampoco el tiempo en que podría estar aprobado, ya que la horquilla se movería entre dos o cuatro o cinco años.

Plan de vías

Por otro lado, sobre el Plan de Vías, ha indicado que se informé sobre la publicación este pasado miércoles de la subdivisión de una de las unidades de actuación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), del que se inicia por tanto un periodo de alegaciones. Si no las hubiera, en 20 días la Junta de Gobierno Local procederá a la aprobación definitiva, para que Fomento continúe con la desafectación del suelo ferroviario en esa parte.

También se habló de la renovación del crédito y de que en cuanto se encuentre un local para ubicar a los trabajadores de la extinta FEVE que permanecen en el Humedal, se llevará a cabo la demolición de la estación. Lo que sí está descartado es su traslado al Palacio de Justicia de Poniente, porque sería muy "oneroso" para la Sociedad Gijón al Norte, al implicar un desembolso de siete millones de euros.

Indeterminación en el tiempo

Por parte del PSOE, se ha criticado que el Gobierno Local tomó la decisión política de redactar de nuevo el PGO en lugar de corregir el actual, lo que deja el urbanismo en un proceso de tramitación "indeterminada en el tiempo". Ha llamado la atención, también, sobre que la misma empresa que iba a revisar el PGO de 2011, ahora pueda redactar uno nuevo que parte del de 1999.

Sí está claro, según el portavoz socialista, Santiago Martínez Argüelles, que no podrá completarse durante este mandato, a lo que ha advertido que el nuevo Gobierno podría decidir volver a hacer cambios, con lo que se alargaría en el tiempo la inseguridad urbanística. "El coste de empezar desde cero es demasiado alto", ha apuntado, al tiempo que ha vuelto a insistir en que haya una reunión de portavoces para abordar el asunto, aunque según Foro la Junta de Portavoces no es el lugar adecuado.

Poca participación

Por otro lado, en el Consejo Social también ha habido críticas de la Federación de Asociaciones de Vecinos por la 'pérdida' de participación ciudadana, colectivo que ha mostrado su preocupación por que las Administraciones no hagan aportaciones económicas al Plan de Vías.

También la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha dicho coincidir con la rectificación dada por el edil de Cultura, Carlos Rubiera, sobre sus polémicas palabras en las que enfrentaba el sector minero y el de la sidra, mientras que el concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Fernando Couto, adelantó que en la reunión de la Comisión de Seguimiento de este viernes daría explicaciones sobre sus críticas a los sindicatos CCOO y UGT. "Los sindicatos hablan mucho, trabajan poco y aportan lo justo", llegó a decir de ellos.