La juez Mercedes Alaya asegura que las diligencias de investigación desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, diligencias que se han saldado recientemente con la detención de 22 personas, "van a suponer un punto y seguido a las diligencias de averiguación" que practica la Benemérita, "pues mucha de la documentación intervenida se encuentra en soporte informático y es claro que del análisis de esta documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas".

Dentro de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil de forma simultánea en siete provincias españolas por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE, fueron detenidas 22 personas —de las que cuatro ingresaron en prisión—, mientras que otras nueve que ya figuraban como imputadas fueron llamadas a declarar ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, quien mandó a prisión a tres de ellas.

En el auto por el que acuerda prorrogar el secreto parcial del caso durante un mes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pone de manifiesto que "fruto" de las diligencias practicadas por la Benemérita, amparadas por este secreto, "son numerosas las diligencias policiales que constan incorporadas a la pieza separada y que recogen una amplia operación, que ha supuesto un avance importantísimo en la instrucción, incluyendo la práctica de entradas y registros en diferentes domicilios, entre otras diligencias".

En el auto notificado este miércoles a las partes tras ser dictado este lunes día 1 de abril, la magistrada añade que en dichos registros "se ha incautado abundante documentación, que lejos de ser culminante, van a suponer un punto y seguido a las diligencias de averiguación que practica la Guardia Civil, pues mucha de la documentación intervenida se encuentra en soporte informático y es claro que del análisis de esta documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas en virtud de los datos que vienen extrayendo".

Al hilo de ello, la juez Alaya dice que, "teniendo en cuenta lo anterior y que el conocimiento de lo actuado hasta la fecha por las partes personadas, así como de esas nuevas diligencias que se ordenen, podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando eficacia de la acción policial y judicial", se considera "imprescindible" prorrogar el secreto "para asegurar el éxito de la investigación".

Pide a la guardia civil "máxima diligencia" en la investigación

Tras ello, la magistrada recuerda dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) en las cuales se concluye que "cuando el juez de instrucción declara el secreto del sumario de conformidad con el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no está acordando una medida en sí misma limitativa de un derecho fundamental, del derecho al proceso público, al que no afecta, sino que tan sólo está adoptando una decisión con base en la cual se pospone el momento en que las partes pueden tomar conocimiento de las actuaciones y se impide que puedan intervenir en las diligencias sumariales que se lleven a cabo en el periodo en el que el sumario permanece secreto".

Por todo ello, prorroga el secreto "con el fin" de que la UCO complete las diligencias de investigación encomendadas, instándole en este punto a que "emplee la máxima diligencia, dando cuenta periódica del avance de sus investigaciones".

En el marco de la operación 'Heracles' fueron detenidas 22 personas, aunque sólo ocho pasaron a disposición de la juez, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellas, como son el cuñado del exsindicalista de UGT Juan Lanzas, Ismael Sierra —en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros—, los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, y Eduardo Leal.

La operación

Este último, que podrá abandonar la prisión si paga una fianza de 50.000 euros, es uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones vinculadas con ERE financiados por la Junta.

Asimismo, la magistrada llamó a declarar a nueve personas ya imputadas en la causa, de las que tres ingresaron en prisión, como son el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín.

Asimismo, la juez dejó en libertad con cargos a Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, a Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas, y al extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo, mientras que en los próximos días tiene previsto tomar declaración al abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, y al administrador de Uniter, José González Mata.