Alcaldes y concejales del medio rural aragonés, junto con miembros de diferentes colectivos sociales, se han concentrado este miércoles, 3 de abril, ante el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno autonómico, para alertar de que con la actual propuesta de reforma de la Administración local realizada por el Gobierno central "los pueblos aragoneses están abocados a su desaparición".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación uno de los co-portavoces de la Plataforma de Alcaldes en Defensa del Medio Rural, Sergio Ortiz, colectivo convocante de esta movilización, a la que se han sumado representantes de entidades sociales, sindicatos y organizaciones agrarias.

En la concentración también han estado presentes el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, junto a otros miembros de este partido, como el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, así como miembros de CHA, como el diputado en el Congreso por La Izquierda de Aragón, Chesús Yuste, y el portavoz de CHA en el consistorio de la capital, Juan Martín, y miembros de IU, como el diputado en las Cortes de Aragón, Luis Ángel Romero, y el portavoz municipal en Zaragoza, José Manuel Alonso.

Tras una pancarta en la que se leía 'En defensa del medio rural, en defensa de nuestros pueblos', diferentes responsables municipales han pedido al Gobierno central la retirada de forma urgente del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y al Ejecutivo autonómico que muestre su rechazo a la misma "porque es perjudicial para Aragón".

Así se indicaba en el manifiesto leído al final del acto por la presidenta de la Asociación de Entidades Locales de Aragón, Raquel Alaman. También han intervenido el miembro de la Asociación de Servicios Sociales de España, Gustavo García, el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón, Juan Ballarín, el exalcalde de Ejulve y experto en desarrollo rural, José Manuel Salvador, y el profesor del IES de Épila, Nacho Celaya.

El co-portavoz de la plataforma y alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha opinado que este anteproyecto de ley ha sido elaborado "desde Madrid por personas que no entienden la realidad de los municipios, sobre todo de una Comunidad autónoma como la nuestra, con la demografía que tenemos y la dispersión territorial, donde hay municipios tan pequeños".

Cálculo de los costes

Ortiz ha explicado que la propuesta de ley se basa en el cálculo de unos costes de los servicios "basados en pueblos y ciudades de 20.000 habitantes", cifra que en Aragón solo rebasan las tres capitales de provincia y Calatayud (Zaragoza), mientras que el 84 por ciento de los 731 municipios de la Comunidad autónoma tienen menos 5.000 habitantes y más de dos tercios menos de 500.

Según ha argumentado, a partir de esos costes, todas las competencias y servicios que ofrecen actualmente la mayoría de los municipios aragoneses "son deficitarias" por lo que, según la propuesta legislativa, "pasarían a ser gestionados por la diputación provincial", que "no podría hacer frente a todos esos servicios".

Por eso, "tememos que detrás de esto exista una privatización", para advertir de que en el caso de los servicios que no sean rentables y "en los municipios de Aragón no pueden serlo en términos económicos" por su pequeño tamaño, "tememos que se dejen de prestar".

Al respecto, ha indicado que "si a los ciudadanos no les das alicientes y servicios para tomar la decisión valiente de querer vivir en sus pueblos", estos "están abocados a su desaparición".

Este co-portavoz de la plataforma ha subrayado que "estamos a tiempo" de cambiar la ley, pero para eso es preciso "hacer estas reivindicaciones y oponernos firmemente" y ha señalado que el texto debe cambiar "180 grados" y por eso han pedido la retirada completa de la propuesta.

Finalmente, ha lamentado que el Gobierno de Aragón esté "a lo que diga Madrid", con una presidenta, Luisa Fernanda Rudi, del PP, "que no viste los colores de Aragón, viste los colores de su partido" y "creo que hay que estar por encima de nuestros partidos en casos como este".

Desconocimiento de la realidad

Otro de los co-portavoces de la plataforma y alcalde de Longares, Miguel Jaime, de CHA, ha sostenido que la reforma "desconoce totalmente la realidad del medio rural" y se ha hecho "atendiendo a criterios economicistas y no a criterios como la gestión municipal en los pequeños pueblos o la dispersión que podemos tener en el medio rural aragonés".

Además, ha esgrimido que el texto "es anticonstitucional porque no respeta la autonomía local, ni el Estatuto de Autonomía de Aragón", al tiempo de que "no resuelve el principal problema de los ayuntamientos, la financiación".

En este sentido, ha precisado que "llevamos décadas con una financiación injusta, sin saber los recursos que vamos a tener" y por eso ha reivindicado que "primero se resuelva la financiación local y, en paralelo, las competencias que tenemos que tener o no".

Respecto a la propuesta de que los servicios de los municipios de menos de 20.000 que no cumplan con un coste estándar pasen a ser prestados por las diputaciones provinciales, ha apuntado que las corporaciones provinciales "no tienen personal para gestionarlos" por lo que "o se privatizarán o, lo que es peor, desaparecerán".

Igualmente, ha manifestado que "no nos oponemos a que haya una racionalización, sobre todo lo que se refiere al coste político", pero ha aclarado que los sueldos de los alcaldes son "el chocolate del loro".

El alcalde de Longares ha reclamado al Gobierno de Aragón "que se posicione igual que otros Ejecutivos autonómicos" y "diga que esta reforma no nos vale", para evidenciar que "si tiene que aspirar a ser perdurable en el tiempo, además de eficaz", debería elaborarse con consenso y, por ahora, "está hecha en contra de los partidos políticos y de la Federación Española de Municipios y Provincias".

Mucho daño

La alcaldesa de Andorra y tercera co-portavoz de la plataforma, Sofía Ciércoles, de IU, ha remarcado que la política de recortes "está haciendo mucho daño a las localidades pequeñas", a pesar de que "estamos cumpliendo con la ley de estabilidad" y "somos los que ofrecemos el servicio a la ciudadanía de una forma coherente y digna".

Ha agregado que "en la mayoría de los casos somos alcaldes y concejales que no cobramos", sino que "ofrecemos nuestro tiempo libre para llevar a cabo las competencias propias e impropias", a pesar de que "no contamos con una financiación local adecuada" y de que "los vamos a seguir ofreciendo porque el ciudadano está ahí llamando a la puerta".

La alcaldesa de Andorra ha señalado que los ayuntamientos pequeños "no somos los culpables de esta deuda pública, y menos en territorios donde tememos despoblación y estamos muy dispersos", para defender poder seguir ofreciendo servicios "públicos y de calidad".

Según ha relatado, con la propuesta de reforma pueden peligrar servicios de su municipio como la escuela infantil, la residencia, las piscinas, la biblioteca y un centro de educación especial "del que hasta ahora asumimos el cien por cien de los costes, cuando no es nuestra responsabilidad".

Un total de 221 alcaldes de las tres provincias aragonesas conforman esta plataforma, pertenecientes a las formaciones políticas de PSOE, CHA, IU, PAR y Compromiso por Aragón.