La empresa Tragsa destinará entre dos y tres días para el derribo de cada vivienda para cumplir así el plazo de dos meses dado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares desde el inicio del proyecto el pasado 26 de marzo.

Precisamente, las máquinas de Tragsa han comenzado esta mañana la demolición de una de las viviendas ilegales de Ses Covetes (Mallorca), una vez finalizados los trabajos de cierre del solar y tomadas todas las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo el derribo.

Concretamente, las máquinas excavadoras han iniciado las obras en la zona central con el derribo del edificio más bajo de todos, de manera que la demolición se hará bloque por bloque, por lo que no empezará el derribo de uno hasta que no esté muy avanzado el último y tenga la autorización de la dirección facultativa de la obra.

Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, Tragsa comenzó a cerrar el solar de Ses Covetes para poder ejecutar el derribo de las viviendas ilegales, después de haber firmado el acta de replanteo de las obras.

Así, el paso previo a esta firma fue la aprobación ese mismo día, por parte de la Agencia de Disciplina Urbanística, del Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa y supervisado por la dirección facultativa.

Asimismo, el pasado lunes, la dirección facultativa dio el visto bueno al Plan de Gestión de Residuos que prevé la valorización de material de la obra para restituir los terrenos a su estado original.

Las obras serán controladas en todo momento por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca, organismo autónomo del Consell Insular, que encomendó la demolición de las viviendas de Ses Covetes a la empresa Tragsa, tal y como estableció el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares para agilizar los plazos de demolición.

Precisamente, el pasado 19 de marzo, el presidente de la citada Agencia, Mauricio Rovira, fue nombrado por parte de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJB como comisario de la ejecución de las obras de derribo y tendrá que informar puntualmente al tribunal del desarrollo del proyecto.

Asimismo, la dirección facultativa de las obras van a cargo de la arquitecta del Govern Yolanda Garví, quien pasó a depender funcionarialmente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La ejecución de la demolición, que tendrá un plazo de dos meses, es posible después de que el tribunal diese luz verde al proyecto de demolición del Ayuntamiento, que prevé la reutilización del material inerte de las edificaciones y que deberá ser tratado y valorizado para restituir los terrenos a su estado original, es decir llenar la cota topográfica existente en el año 1992, cuando se inició la construcción.

Así, el Consell de Mallorca ha informado de que gran parte del material existente será tratado y valorizado para llevar a cabo la restitución de los terrenos.

De hecho, después del derribo de cada bloque, se recogerá todo el material demolido, se hará la elección para tratar sólo el material inerte -hormigón y materiales cerámicos- con una máquina trituradora y se utilizarán para llenar los vacíos que dejará la demolición de los sótanos.

Tragsa también ha iniciado os trabajos medioambientales para restituir los terrenos cuando acaben las labores de demolición. Bajo la supervisión del técnico ambiental que asesora la dirección facultativa, se elaborará el inventario florístico del solar y la localización e inventario de especies protegidas (savines y tamarells), de modo que se intentará trasplantar estas plantas en un lugar de la obra, para que se puedan devolver a su lugar original cuando acaben los trabajos, de cara a que los terrenos vuelvan a su su estado original del año 1992.

Cabe destacar que el pasado 7 de marzo, el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Campos firmaron un protocolo para hacer efectiva la orden de demolición de las edificaciones de Ses Covetes ante la carencia de medios técnicos y económicos del consistorio.

De este modo, el Govern se comprometió a financiar las tres cuartas partes de las obras, mientras que la Agencia se comprometió a ejecutar el proyecto de demolición.

Posteriormente, el 18 de marzo, Rovira y el alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, firmaron el convenio para autorizar la Agencia para ejecutar la demolición, al mismo tiempo que el Ayuntamiento ingresaba el importe correspondiente a los gastos derivados de la ejecución de estas obras de demolición y restitución, que eran 452.060 euros.

Una vez que el TSJB autorizó el proyecto, el 19 de marzo, el conseller Rovira inició los trámites para encargar a Tragsa las obras que comenzaron el pasado lunes.