La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige José Chamizo, ha anunciado la admisión a trámite de una queja formal presentada por la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía con el fin de expresar su "preocupación" respecto a la incidencia de los recortes de la administración en el ámbito educativo y, concretamente, en la afección que ello pueda tener sobre la calidad del propio sistema y la atención a los colectivos más vulnerables.

En rueda de prensa, Chamizo, que ha comparecido acompañado del secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, ha subrayado su compromiso de "insistir" ante las autoridades para que las medidas de ajuste no incidan en las clases sociales más desprotegidas, agregando que algunas de las cuestiones planteadas en la queja del sindicato ya se establecían en el informe del propio Defensor del Pueblo Andaluz del año 2012 como "preocupaciones".

En este sentido, Blanco ha incidido en que los recortes del Gobierno central y del autonómico afectan especialmente a los alumnos con más necesidades de aprendizaje o cuyo entorno se encuentra en una mayor situación de precariedad económica. Así, ha recordado el "abismal" descenso de los presupuestos en materia de educación, con 4.000 millones menos en los dos últimos años para programas de refuerzo o el aumento de horas lectivas, lo que se traduce en "pérdida de empleos y desatención del alumnado al perderse horas de refuerzo y de desdoble de asignaturas instrumentales".

También ha subrayado que las partidas destinadas a gastos de personal de enseñanza en niveles no universitarios en la comunidad han sufrido un recorte del 10,7 por ciento desde el año 2009, con 456,1 millones de euros menos, según se concluye de un estudio sobre la evolución de las cantidades del Capítulo 1 realizado por la central sindical. Según los datos de este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en la comunidad autónoma andaluza se ha pasado de un presupuesto de 4.244 millones de euros a otro de 3.788 millones, englobándose este dato dentro de un marco nacional en el que el sistema ha perdido casi 62.000 profesores —4.500 en Andalucía—, la mayoría de ellos interinos.

Por otro lado, Chamizo ha expuesto a CCOO, "y han sido muy receptivos al respecto", la posibilidad de buscar alternativas para paliar la situación en la que quedan niños de determinados barrios en verano, cuando los centros cierran y no hay servicio de comedor escolar. "Me preocupa mucho porque, hoy por hoy, hay niños que sólo hacen una comida buena al día en el comedor", ha manifestado, para recalcar la conveniencia de garantizar una alimentación "correcta" de estos menores mediante fórmulas como los campamentos urbanos.

A este respecto, Blanco ha recordado que su sindicato reivindica "desde hace muchos años" que los colegios deben estar abiertos "los días que sean necesarios" en aras a la conciliación y a combatir el contexto socioeconómico de crisis. Por ello, los centros deben gestionar la atención en determinadas zonas a este tipo de alumnado, mientras que la Consejería tiene que hacer modificaciones en el Plan de Apoyo de las Familias para garantizar "el derecho básico a una alimentación saludable".

A todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO-A suma el hecho de que casi 10.000 alumnos vayan a quedarse sin becas por el cambio de criterios de la administración central o la "degradación" del sistema educativo por las imposiciones derivadas de la tasa de reposición. Según su secretario general, "esto al final lo paga nuestro capital humano", en una situación que puede "empeorar" si la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) convierte los recortes "coyunturales" en "estructurales".

Por lo demás, Blanco ha defendido que la Junta, al objeto de garantizar la escolarización y el cumplimiento de la normativa, lleve a cabo una "planificación" que, en este ejercicio, se ha saldado con la retirada del concierto a 39 unidades de educación diferenciada —proceso que CCOO apoya— y, por "pérdida de alumnos", a siete unidades de Infantil y, sobre todo, 14 que atienden a niños con necesidades educativas especiales. Ante esta situación, el sindicato ha optado por estudiar "caso a caso", tratar de proteger el empleo y no utilizar la política de conciertos para la confrontación.