El sindicato UGT-A ha asegurado que la Asociación de Faja Pirítica de Huelva "no ha recibido ni la asociación ni ninguno de sus miembros ningún tipo de pago relacionado con los ERE", tras lo que ha defendido su legalidad, toda vez que ésta se creó "para dar cumplimiento al acuerdo marco entre el Gobierno central y el autonómico".

En una nota, UGT-A ha indicado que el 30 de junio de 2003 se crea la Asociación Faja Pirítica de Huelva "para dar cumplimiento al Acuerdo Marco para la Aplicación de las Medidas Sociolaborales para la crisis de la Faja Pirítica de Huelva de 11 de septiembre de 2002".

Ha explicado que se trata de un acuerdo entre las administraciones públicas (Gobierno central y autonómico) y sindicatos para llevar a la práctica las medidas sociolaborales destinadas a los trabajadores de las minas de Huelva que, como consecuencia de la crisis del sector y el abandono de las empresas, habían cerrado y dejado a más de 1.000 mineros en situación de desamparo

En ese sentido, ha indicado que la creación de esa asociación "fue acordada con la Junta de Andalucía el 29 de abril de 2003 a resultas del protocolo de colaboración entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y las organizaciones sindicales, UGT-A y CCOO-A".

En dicho documento, firmado por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y los representantes sindicales se determina textualmente que "la Federación de Industria y Afines de UGT-A y la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, constituirán una asociación o entidad similar con el objetivo finalista de gestionar las medidas del presente protocolo y las derivadas del firmado con fecha 11 de septiembre de 2002 por la Administración Central del Estado, Junta de Andalucía, UGT y CCOO".

En ese sentido, ha precisado que en esos protocolos "son las administraciones públicas (central y autonómica) las que deciden que sea la asociación Faja Pirítica la que canalice las ayudas a los trabajadores afectados por el cierre de las minas al no existir empresas que pudieran actuar como tomadoras del seguro y ésta se constituye por las organizaciones sindicales más representativas en el sector".

UGT-A forma parte, por tanto, de la asociación Faja Pirítica de Huelva "por su condición de máximo representante institucional del sindicato en Andalucía frente a las administraciones públicas centrales y autonómica".

Asimismo, ha resaltado la "intensa implicación" del Gobierno central para aplicar la medidas contempladas en los protocolos, "y así consta en diversos documentos como éste firmado por el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, y en el que se acuerda que las federaciones sindicales inicien el trabajo preparatorio para la elaboración de la póliza de prejubilación" de trabajadores afectados por el cierre de las minas de Huelva.

En ese sentido, "ni UGT-A ni su máximo representante ha participado en ningún momento en la gestión de la asociación que fue delegada en los organismos federativos de ambos sindicatos y las personas apoderadas a tal fin".

UGT-A deja claro además que la asociación de la Faja Pirítica "no ha recibido nunca ningún tipo de recurso para uso propio, para uso de sus miembros o de sus fundadores y tampoco jamás la asociación ni ninguno de sus miembros han percibido ningún tipo de pago relacionado con los ERE".

Niega intrusos

El sindicato además niega la existencia de "intruso alguno" entre los trabajadores cuyas prestaciones se han gestionado a través de la asociación.

Asimismo, deja claro que el conjunto de actuaciones desarrolladas por el sindicato en relación al expediente Faja Pirítica "se ha llevado a cabo única y exclusivamente de acuerdo a los protocolos suscritos entre ambas administraciones públicas en 2002 y en cumplimiento estricto de los mismos y dentro del marco de la ley".

"En ningún caso UGT ha impuesto aseguradoras ni intermediarios como se pretende hacer creer", ha aseverado el sindicato.