Prejubilados de Mercasevilla en 2003 piden que la Junta acate los fallos del TSJA que les habilitan a cobrar su pensión

Registran una petición a los grupos parlamentarios para que pregunten a Griñán en el Pleno de esta semana

La representación legal de cuatro trabajadores que se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) de la sociedad gestora del mercado de abastos de Sevilla (Mercasevilla) en 2003 ha solicitado a los grupos parlamentarios de PSOE-A, IULV-CA y PP-A que pregunten en el Pleno de esta semana al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre si va a ordenar acatar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que reconocen el derecho estos prejubilados a seguir cobrando su pensión, así como todas las no abonadas anteriormente, y si se sancionará a los funcionarios responsables de haberlas suspendido.

Como se recordará, la Junta de Andalucía suspendió las rentas de cinco de los empleados de Mercasevilla prejubilados por el ERE acordado en 2003 en el marco de una investigación interna promovida por la Administración andaluza en torno a los ERE, con sus consiguientes indemnizaciones y prejubilaciones, financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

Así, Marta Mejías, del despacho de abogados 'Sánchez, Mejías y Asociados' que representa a cuatro de estos cinco empleados, ha destacado en declaraciones a los periodistas que estos trabajadores fueron suspendidos con un procedimiento "totalmente irregular" y que dos de ellos tienen sentencias firmes del Alto tribunal andaluz que reconocen el derecho a cobrar sus pólizas.

Por ello, y tras conocer que el orden del día del Pleno del Parlamento podría ser modificado para permitir la comparecencia de Griñán sobre el caso de los ERE fraudulentos, los abogados han registrado una petición a la Junta de Portavoces para instar a los diputados de los partidos que apoyan al gobierno (PSOE-A e IULV-CA) como en la oposición (PP-A) a preguntar a Griñán si va a ordenar acatar estas sentencias y si se va a incoar expediente disciplinario contra los funcionarios responsables de su suspensión.

Y es que la letrada ha manifestado que estos empleados son "la otra cara" de los ERE, "víctimas de esta trama", ya que el Tribunal Superior de Justicia ha "demostrado que no son irregulares y tienen derecho a seguir percibiendo su pensión", que "llevan 23 meses sin cobrar".

Asimismo, ha defendido que el presidente de la Junta "tiene que responder por qué no se ha dado orden a la aseguradora Generali" para que se abonen las pólizas pendientes tras dos meses desde que se dictó la sentencia. En este sentido, ha cuestionado "por qué ese dinero que han encontrado los perros de la Guardia Civil bajo el colchón del señor Lanzas" no se utiliza para abonar las cantidades pendientes a los prejubilados.

PSOE-A

Reconoce "daños colaterales"

Preguntado por esta cuestión en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, ha señalado que su grupo está abierto a "escuchar" las reivindicaciones de "cualquier colectivo de afectados", una vez "contrastada" su situación, para posteriormente "trasladarla al Gobierno de la Junta".

En este sentido, ha reconocido que con el caso de los ERE hubo "daños colaterales" en cuanto a que la Administración andaluza tuvo que tomar "decisiones administrativas para paralizar" algunas pólizas para "comprobar si eran irregulares", lamentando que en algunos casos "están pagando personas que no tendrían más que la necesidad de que se resuelva su situación".

Ha señalado que no tiene constancia de por qué no se ha abonado las pólizas aún de estos empleados y ha indicado que si estos prejubilados solicitan una reunión al Grupo Socialista "les atenderán".

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