Le piden cárcel por abocar a su empresa al cierre quedándose con el dinero de ventas y proveedores

La Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de cuatro años de prisión y multa de 3.000 euros para el administrador único de una empresa de hortofrutícolas y fertilizantes acusado de abocarla a su cierre e incorporar a su patrimonio personal el importe de los productos que consiguió vender, sin abonar lo que adeudaba a sus proveedores.

La Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de cuatro años de prisión y multa de 3.000 euros para el administrador único de una empresa de hortofrutícolas y fertilizantes acusado de abocarla a su cierre e incorporar a su patrimonio personal el importe de los productos que consiguió vender, sin abonar lo que adeudaba a sus proveedores.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa, García Infantes e Hijos S.L., cuyo propietario era el acusado, Jesús G.L., de 47 años, tenía por objeto social la producción, compraventa, manipulación, envasado, transformación y comercialización de productos hortofrutícolas y fertilizantes.

Desde su constitución, en el año 1989, venía manteniendo relaciones comerciales con distintas empresas y entidades agrícolas a las que compraba toda o parte de sus producciones agrarias, desarrollándose las mismas con normalidad y atendiendo la empresa los correspondientes pagos.

Sin embargo, en el año 2008, actuando el procesado en su condición de administrador y "en ejecución de un plan preconcebido con la intención de enriquecerse de forma ilícita", comenzó a desarrollar una política comercial conforme a la cual vendía los productos a precio igual o inferior al de adquisición, no obteniendo así prácticamente ninguna rentabilidad o beneficio comercial, lo que colocó a la sociedad en una "difícil situación económica" que la abocó al cese de actividad en el mes de enero de 2009.

Sin embargo, y pese a ello, el administrador, "de forma premeditada y a sabiendas de que no podría hacer frente a su pago", continuó durante todo el 2008 adquiriendo grandes cantidades de productos agrícolas a sus diferentes proveedores, entregando a cambio y como forma de pago, "aún a sabiendas de que la negativa situación económica de la empresa no permitiría su satisfacción", numerosos pagarés.

Estos estaban librados contra una cuenta corriente de su titularidad por diferentes cuantías, todas ellas superiores a los 400 euros, y con diversas fechas de vencimientos, resultando impagados la práctica totalidad de los mismos, y repercutiéndose además a los afectados los gastos bancarios de devolución. El procesado vendió y comercializó los productos agrícolas adquiridos y no abonados, apoderándose e incorporando a su patrimonio personal las ganancias, al tiempo que dejaba de pagar a sus proveedores y cerraba la empresa.

La cantidad total defraudada asciende, según el fiscal, a 222.878,49 euros, que reclama la Asociación de Afectados de García Infantes e Hijos S.L., constituida en febrero de 2009, un mes después del cierre de la empresa.

La Fiscalía atribuye al inculpado un delito de estafa por el que será enjuiciado el próximo 25 de abril en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

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