PSOE presentará 29 enmiendas a la ordenanza de accesibilidad para suprimir los "recortes" de Zoido a la de 2011

Entre las propuestas socialistas figuran aparcamiento gratis en zona azul y "sin límite de hora" para discapacitados

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla va a presentar 29 enmiendas a la ordenanza de accesibilidad que se va a debatir en el Pleno del próximo día 29 de abril con las que pretende "suprimir los recortes" que, según el PSOE, ha introducido el equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) en dicho texto respecto al que el Pleno aprobó inicialmente en abril del año 2011.

En opinión del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Espadas, el documento que se va a someter a debate en el Pleno de finales de abril es "un texto recortado y mucho menos ambicioso" que el de 2011, con el que comparte "la misma base", pero que proyecta "un menor nivel de compromiso del gobierno municipal".

En una nota, el Grupo Socialista ha concretado que entre las 29 enmiendas figura una que propone que los vehículos con la tarjeta de aparcamiento para discapacitados puedan aparcar "sin límite de hora" en las plazas de carga y descarga y en las paradas de taxis, "como estaba regulado inicialmente, ya que la nueva ordenanza establece un límite de tres horas en ambos casos", y una exigencia de que sean "espacios con numerosas plazas libres a su alrededor".

Asimismo, el PSOE reclama que se pueda estacionar "de forma gratuita y sin límite de hora" en las zonas de aparcamiento en superficie rotatorio con horario limitado gestionadas por Aussa, como la zona azul.

Además, los socialistas han solicitado que "se recupere la posibilidad de que los vehículos con este sello puedan acceder a todas las zonas restringidas en las mismas condiciones que los residentes, así como que se ponga en marcha una línea de transporte especial de carácter público para prestar los servicios necesarios a personas de movilidad reducida tras realizar un estudio de sus necesidades en la ciudad".

El Grupo Socialista también propone entre sus enmiendas que vuelva a implantarse, "como en el texto inicial", la "obligación" de que los semáforos estén programados para que se puedan cruzar las vías a una velocidad de 0,5 metros por segundo más cinco segundos de reacción al inicio de la marcha.

Igualmente, el grupo que dirige Juan Espadas reclama que "no se suprima el distintivo municipal de accesibilidad que se consensuó con las entidades que participaron en el debate de la ordenanza aprobada en abril de 2011, y que venía a reconocer a aquellas empresas que se ajusten a todas las prescripciones contenidas en la ordenanza".

Se trata de un sello que, según el PSOE, "se aprobó inicialmente la ordenanza" y debe servir para "obtener una mayor puntuación en los concursos públicos a través de la puesta en marcha de una cláusula de accesibilidad en las contrataciones".

En este sentido, el Grupo Socialista solicita que "se promueva la creación de una sede arbitral específica para la resolución de todo tipo de conflictos vinculados con la existencia de barreras arquitectónicas", y que "el Ayuntamiento tenga que destinar todos los años un porcentaje del presupuesto a realizar obras de accesibilidad".

"dos años perdidos"

Asimismo, el PSOE pide en sus enmiendas que la normativa tenga "una aplicación inmediata incluso en los suelos urbanos consolidados", de forma que "se retiren todos los artículos introducidos en el texto encaminados a que no haya ninguna obligación de adaptar las zonas de la ciudad con barreras arquitectónicas existentes en la ciudad hasta el año 2018", como, según este grupo, aparece en una disposición adicional del documento elaborado por el gobierno de Zoido.

"Después de haber perdido dos años y de tener que empezar de cero cuando se encontró una ordenanza consensuada y aprobada de forma inicial, ahora Zoido debe rectificar y deshacer los recortes que le ha aplicado al texto", sostiene Espadas, que ha criticado al alcalde por haber "recortado" dicho proyecto "sin consultarlo con nadie" y "haber perdido dos años" al respecto, lo que, a su juicio, provoca que "la mayor parte de las exigencias que se incluyen en la ordenanza no se puedan poner en marcha en todo el mandato".

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