El abogado que ejerce la defensa de Eduardo Pascual, uno de los exdirectivos de la mediadora Vitalia al que la juez Mercedes Alaya envió la pasada semana a la cárcel por su presunta implicación en la supuesta trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares financiados por la Junta de Andalucía, ha recurrido su ingreso en prisión al entender que su representado estuvo detenido más tiempo de las 72 horas máximas previstas legalmente entre que se produjo el arresto y que la juez le notificó su decisión, así como porque "no hay motivos de fondo" para su encarcelamiento.

De esta manera, el letrado de Eduardo Pascual, José María Calero, ha consumado este pasado miércoles día 27 en los juzgados de Sevilla la intención de interponer dicho recurso, algo que ya apuntó a los periodistas el día que se conoció el ingreso en prisión de su defendido.

Así lo ha indicado Calero a Europa Press, que ha justificado su decisión tanto por entender que "se excedió el tiempo legal de detención" como porque considera que "no existe ninguna razón de fondo" que justifique la decisión de la juez Alaya de enviar a prisión a su cliente, al que la magistrada le imputa delitos de cohecho, asociación ilícita, malversación, prevaricación, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública.

Para que pueda darse la primera de las condiciones esgrimidas por el letrado para justificar su recurso es necesario que la detención sea considerada judicial y no policial, ya que en este último caso el magistrado dispone de otras 72 horas desde que el detenido es puesto a su disposición para decidir si lo deja en libertad o lo manda a prisión.

En cambio, si la detención es por orden judicial, como defiende este letrado, el juez tiene como máximo un plazo de 72 horas desde que se produce el arresto para tomar una decisión al respecto de la situación en la que debe quedar el detenido.

"no hay riesgo de fuga"

En todo caso, el abogado de Eduardo Pascual entiende también que no existen motivos que justifiquen que su representado haya sido encarcelado, ya que "no hay ningún riesgo de fuga ni de que pueda alterar las pruebas". "De hecho, ya sabía desde hace tiempo por la prensa que tendría que prestar declaración en relación a este caso", ha apuntado Calero, que, por ello, tacha de "absolutamente innecesario" el ingreso en prisión de su cliente.

En su declaración ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, realizada la pasada semana, Pascual no sólo ratificó el testimonio que había prestado ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sino que, además, espetó a la juez Alaya que "si usted piensa que esto es algo para coger dinero, dígame dónde lo tengo yo. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía", y trató de dejar claro que su patrimonio no se había incrementado en los últimos años.

Asimismo, durante su declaración señaló también que hasta el año 2005 el 66 por ciento del volumen de negocio de Vitalia en España correspondía con Andalucía, pero a partir de ese año "se invirtió la tendencia" y la cifra bajó al 34 por ciento.