Las agresiones a profesores por parte de padres y alumnos no serán consideradas como atentado a la autoridad, sino a funcionario público, tal y como viene sucediendo desde hace años. Así lo confirmó ayer el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, Ricard Cabedo, en un escrito al resto de fiscales.Según fuentes del tribunal, los sindicatos de enseñanza CSI-CSIF y ANPE habían solicitado que estas agresiones se tipificaran como atentado a la autoridad (que supone de 2 a 4 años de cárcel y multa). El STEPV pedía que fuera atentado a funcionario público, como al final se ha decidido (implica de 1 a 3 años de prisión).