La Guardia Civil desmonta un grupo mafioso entre sus agentes en Fuerteventura

  • Ha desmantelado en su puesto de Corralejo (Fuerteventura) una trama mafiosa con nueve agentes implicados que se dedicaba al tráfico de drogas.
  • Cometió torturas, detención ilegal y amenazas, entre otros delitos, para amedrentar y cubrir sus actividades ilícitas.
  • La Guardia Civil sospecha que este grupo tenía conexiones con bandas de narcotráfico de Marruecos.
Fotografías facilitadas por la Guardia Civil de los fardos de hachís intervenidos, durante la denominada 'Operación Botavara'.
Fotografías facilitadas por la Guardia Civil de los fardos de hachís intervenidos, durante la denominada 'Operación Botavara'.
Fotografías facilitadas por la Guardia Civil de los fardos de hachís intervenidos, durante la denominada 'Operación Botavara'.

La Guardia Civil ha desmantelado en su puesto de Corralejo (Fuerteventura) una trama mafiosa con nueve agentes implicados que se dedicaba al tráfico de drogas y que cometió torturas, detención ilegal y amenazas, entre otros delitos, para amedrentar y cubrir sus actividades ilícitas.

La Delegación del Gobierno en Canarias y la Comandancia de Las Palmas han hecho público el balance de la denominada 'Operación Botavara', de la que ya se conocía que había permitido la detención de cinco guardias civiles en Fuerteventura el 21 de febrero tras la llegada a la isla de una patera cargada con hachís.

Esos cinco guardias, que se encuentran en prisión, formaban parte del autodenominado 'Grupo 7'como el de la película de Alberto Rodríguez—, la cabeza de una banda organizada en la que están implicados otros cuatro funcionarios del cuerpo y once personas ajenas a las fuerzas de seguridad, según ha informado el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz.

El grupo cayó cuando dos de sus integrantes fueron sorprendidos mientras recogían parte del cargamento de una "narcopatera" que encalló en la playa majorera de El Cotillo en la madrugada del 20 de febrero con una tonelada de hachís a bordo, pero ya estaba sometido a investigación desde finales de 2012, en unas diligencias tuteladas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife (Lanzarote).

A los miembros de este grupo, con una estructura "piramidal" y "perfectamente jerarquizada", se les imputan delitos de tráfico de drogas, detención ilegal, contra las garantías constitucionales, torturas, amenazas y coacciones, falsificación de diligencias policiales y omisión del deber de perseguir el delito, entre otros. "Es decir, un elenco del Código Penal. Quedan pocos delitos sin tocar", ha reconocido el jefe provincial de la Guardia Civil.

La operación sigue bajo secreto de sumario, por lo que solo se han hecho públicos los detalles que el juez ha autorizado a revelar. La delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento, ha subrayado que esta operación es "especialmente dolorosa" para la Guardia Civil, por el papel en este grupo delictivo de nueve de sus funcionarios, pero también ha felicitado al cuerpo por haberse comportado de modo "ejemplar" para investigar lo ocurrido.

La Guardia Civil sospecha que este grupo tenía conexiones con bandas de narcotráfico de Marruecos —país del que procedía tanto el hachís aprehendido como dos de los once civiles arrestados— y que no solo se dedicaba a introducir en Canarias grandes cantidades, sino que también participaba en la distribución de la droga al menudeo. El coronel Arranz ha precisado que uno de los agentes detenidos ya fue investigado por el departamento de Asuntos Internos del cuerpo mientras estuvo destinado en Tenerife, por hechos similares a los ahora destapados, pero que entonces no se pudieron acreditar.

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