La Unión ha opinado que la respuesta del Gobierno de Cantabria al "escándalo" del denominado 'cártel del asfalto' —la multa de 16,5 millones impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a once empresas por llegar a acuerdos para repartirse el mercado del asfalto en Cantabria— ha sido "absolutamente decepcionante" porque no ha dicho qué medidas concretas tomará para evitar que "el fraude no se siga haciendo".

Además, ha censurado que no se haya abierto una investigación interna para precisar qué miembro del anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) "colaboró en que esto ocurriera".

Continúan los comportamientos sancionados

La Unión ha afirmado que los comportamientos sancionados por Competencia, fechados hasta abril de 2011, "se han seguido produciendo después" con el Gobierno del PP en los concursos de reparación de carreteras adjudicados por lotes "a las mismas empresas de siempre y por precios curiosamente similares".

En un comunicado, la formación política ha señalado que "todo ha seguido igual" en los llamados 'contratos menores' tras el período examinado por Competencia, a excepción "del veto impuesto" por este Gobierno a Ascan, una de las empresas implicadas.

El presidente de La Unión, Rafael Sebrango, ha insistido en que los comportamientos sancionados por la Comisión Nacional de Competencia, "no sólo han seguido dándose, después del cambio de Gobierno, sino que además no existe ninguna garantía de que no se reproduzcan en el futuro".

"Lo que tiene que hacer el Gobierno y no quiere hacer es modificar las costumbres de contratación porque, si no, esto se repetirá siempre".

Además, ha opinado que el Ejecutivo "debe ordenar una investigación interna para precisar quién o quiénes del Gobierno PRC-PSOE "hicieron posible esto".

"Si el Gobierno no es vigilante en su sistema de contratación y no investiga quién del Gobierno de Revilla hizo esto posible, es que está más interesado en que el tiempo pase y todos nos olvidemos del fraude", ha afirmado.

MEDIDAS

En su opinión, "la primera" medida que debe adoptar el Gobierno de Cantabria es "renunciar a los contratos negociados sin publicidad, dar publicidad previa a los contratos menores de obras y reducir su importe máximo".

Además, ha apostillado que en los concursos "no hay que permitir" que la mayor valoración dependa de "criterios subjetivos" y ha instado al Gobierno de Cantabria "a no seguir el mal ejemplo" que, a su juicio, en este aspecto es el Ayuntamiento de Santander con el —dice La Unión— "más que sospechoso concurso de basuras".

Otra medida es revisar a la baja los precios de licitación de las obras ya que, según señala, el "fraude" detectado ha radicado en la "táctica de fijar las bajas respecto de un precio de salida que era más elevado que el precio de mercado".

"Si el Gobierno no acomete estas reformas, el fraude se seguirá cometiendo, porque seguirá siendo posible", ha afirmado Sebrango, quien ha insistido en que la investigación sobre la actuación del Gobierno de Revilla es "obligada".