El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha informado este miércoles que los subsidios energéticos supusieron en todo el mundo más de 1,9 billones de dólares, cerca del 2,5 % del PIB global, encabezados por Estados Unidos, China y Rusia. Estos son los principales datos de un informe en el que alerta sobre los efectos nocivos para la economía de estas ayudas.

"Aunque destinados a proteger a los consumidores, los subsidios energéticos agravan los desequilibrios fiscales, desvían el gasto público y deprimen la inversión privada", explica el Fondo, al tiempo que reclama una reforma de este tipo de subvenciones. El petróleo es la fuente de energía más auxiliada con dinero público, pero el análisis también estudia las ayudas a otros tipos de energía como eléctrica, carbón o gas.

Los tres países que más dinero dedicaron en 2011 a los subsidios energéticos fueron Estados Unidos con 502.000 millones, China con 279.000 millones y Rusia con 116.000. "La mayor parte de los beneficios de estos subsidios son aprovechados por los hogares de mayores ingresos, por lo que refuerzan la desigualdad, ya que a mayores ingresos, mayor consumo energético", incide el organismo presidido por Cristine Lagarde.

Por otro lado, el Fondo ha explicado que los países en vías de desarrollo tienden a subsidiar la energía antes de impuestos, es decir, por debajo de su valor de suministro. La región donde más se acumula este tipo es el Oriente Medio y Norte de África, casi el 50 %. En cambio, en los países avanzados suele hacerse después de los impuestos. Estos últimos son los más cuantiosos por volumen, y en ellos los países avanzados acaparan el 40 %.

El organismo internacional ha agregado a los efectos adversos de estas políticas sus consecuencias medioambientales, ya que alientan la "reducción de los recursos naturales" y distorsionan las políticas productivas. Por ello, su eliminación podría llevar a un declive de cerca del 13 % en la emisión de CO2 y generaría positivos efectos de contagio al reducir la demanda energética global.

Además, el reporte señala que son "altamente ineficaces" a la hora de apoyar a los más pobres, uno de los principales argumentos utilizados por los gobiernos para su aplicación. "Aunque no aparezcan habitualmente en los presupuestos, al final siempre tienen que ser pagados por alguien", concluye el informe, que analiza la situación en 176 países de todo el mundo en 2011.