Los sindicatos de funcionarios UGT, CSIF, SAF y CCOO han valorado que la Consejería de Hacienda y Administración Pública haya resuelto el concurso de méritos para el personal funcionario con la adjudicación definitiva de 6.250 plazas y su publicación en BOJA, aunque lamentan que se dicha resolución se produzca "con años de retraso", por lo que piden que esta situación "no se vuelva a repetir".

Fuentes de

Fsp ugt-A han indicado a Europa Press que esa resolución del concurso, que había sido convocado en 2011, "es bienvenida por el bien de todos los trabajadores funcionarios de la Junta", por lo que se han mostrado "satisfechos" por dicha resolución "aunque haya sido tarde".

Han aludido al "escollo que supuso la judicialización de dicho concurso por parte de los sindicatos SAF y CSIF, quienes pidieron la suspensión cautelar del concurso, que se ha resuelto dos años después", un "escollo" que "finalmente se ha salvado".

"Estamos contentos y recibimos con satisfacción esta resolución, ya que todos los funcionarios afectados podrán tomar posesión de sus destinos aunque no sea con toda la antigüedad y la experiencia en el puesto", han agregado las fuentes.

Por su parte, fuentes de CSIF se "alegraron" de dicha resolución y consideran que esa situación "no se puede volver a repetir, pues ha existido un concurso parado con miles de familias afectadas por decisiones de la Administración andaluza que les han perjudicado de forma importante; esperamos que esta situación no se vuelva a repetir".

CSIF considera que actualmente "hay un desfase importante por la tardanza en la resolución de este concurso, un desfase que debe ser solventado a la mayor brevedad posible", por lo que CSIF pide que se convoque "un nuevo concurso a fin de regularizar el retraso en la resolución de esta convocatoria".

Asimismo, fuentes de CSIF en declaraciones a Europa Press creen que se ha producido "un grave perjuicio para muchos trabajadores de la Junta, por lo que el Gobierno andaluz debe tomar nota y hacer las convocatorias con responsabilidad y evitar en el futuro la judicialización de todos los procesos; se deben convocar concursos con normalidad, con transparencia y claridad en el proceso selectivo y en la adjudicación de plazas y sin cambiar las normas a mitad del partido".

CSIF no se considera "responsable" del retraso en este concurso, sino que "somos responsables de haber defendido la legalidad del concurso, los tribunales fueron los que adoptaron las medidas cautelares solicitadas", tras lo que han dejado claro que "en un concurso es fundamental la agilidad pero sobre todo la legalidad, y no porque sea ágil debe dejar de ser legal; y cuando creemos que hay actuaciones ilegales de las administraciones, pedimos que los jueves adopten medidas cautelares".

Reclamar a la junta

Han recordado asimismo que el primer recurso se presentó contra la Administración "pero como no modificaron la normativa, tuvimos que llevarlos a los tribunales".

"La Junta causó un grave perjuicio a miles de familias de trabajadores de la Junta, que es la que debe tener responsabilidad y la que no debe cometer ilegalidades", han agregado fuentes de CSIF, quienes han anunciado que pondrán a disposición de todos los afiliados perjudicados la asesoría jurídica del sindicato para que puedan reclamar a la Junta la compensación por posibles pérdidas, lo que consideren que han tenido perjuicio económico.

Consideran en ese sentido que "ha habido perjuicios económicos importantes para muchos que estaban desplazados a miles de kilómetros de sus casas", por lo que exigen que "no se vuelva a repetir" esta situación, pues "miles de familias no pueden estar pendientes de resoluciones administrativas o judiciales y los concursos públicos deben ser transparentes".

Valoración del saf

Por su parte, el SAF ha valorado que "por fin, tras dos años de espera y lucha y numerosas sentencias firmes contra la rebaremación, que entraron en el fondo del asunto y fueron logradas por SAF, la Junta publique el concurso de méritos".

El SAF lamenta en una nota remitida a Europa Press que "han sido necesarios más de dos años para resolver este concurso", algo que "es una muestra palpable de cómo funciona la Administración andaluza, Administración que se ha movido por intereses meramente políticos y no jurídicos a la hora de gestionar el citado concurso".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios considera que "cambiar las bases pocos días antes de la resolución definitiva, es un castigo durísimo e injusto para más de 12.000 funcionarios públicos y sus familias".

"La Justicia, por enésima vez, ha vuelto a sentenciar que la valoración de la antigüedad como interino vulnera la Constitución, los artículos 14 y 23; y también ha puesto rotundamente de manifiesto la no aplicación de la Directiva de la Unión Europea 99/70 en el concurso de méritos, a pesar de los intentos estériles de algunos de los sindicatos llamados 'de clase' en que se aplicara ilegalmente dicha norma", ha agregado el sindicato, que lamenta que otras centrales "han sido cómplices con la Administración en este asunto".

Este sindicato considera que "los mayores perjudicados en esta grave situación causada por la propia Administración, y resuelta definitivamente en los tribunales que han dado la razón a SAF, han sido los funcionarios desplazados de sus provincias de origen, con el gravísimo perjuicio a la conciliación de su vida laboral y familiar, con daños de difícil reparación".

Por ello, SAF espera y desea que esta situación "no se vuelva a repetir" y ha advertido de que "de ser así, encontrarán enfrente al Sindicato Andaluz de Funcionarios". "La Administración tiene que tomar buena nota y escarmentar con lo ocurrido", ha agregado el Sindicato Andaluz de Funcionarios, que recuerda que el artículo 103.1 de la Constitución de 1978 establece que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho".

Valoración de ccoo

Por su parte, fuentes de CCOO han mostrado a Europa Press su "satisfacción" por el hecho de que "tras un proceso muy largo se ha podido resolver", lo que genera "alegría en compañeros que estaban esperando en este proceso largo y muy difícil que al final ha tenido una resolución feliz, por lo menos para los que estaban esperando a volver a su ciudad".

CCOO considera que la Junta "tomó nota y está trabajando en modificar la normativa con vistas a dejar clara la situación y procurar que ésta no se vuelva a repetir".