El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento la relación de reclamaciones que se hayan registrado por parte de los vecinos de Villa de Prado que en 2008 y 2009 sufrieron daños en sus propiedades, concretamente en los trasteros de sus viviendas, a consecuencia de la rotura de tuberías de la red de riego instalada por Agualid, así como las actuaciones que el Consistorio ha llevado a cabo en torno a este asunto.

El PSOE ha reclamado estos datos al darse a conocer la decisión adoptada por la Junta de Gobierno de indemnizar a dos propietarios que llegaron con sus recursos a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que en un comunicado de prensa ha señalado que quiere saber "si se han producido otros desembolsos municipales".

También han reclamado conocer qué medidas está adoptando o va a adoptar el Ayuntamiento para repercutir estos gastos a la UTE Villa del Prado, a la que, según ha recordado el PSOE, "se declaró responsable en su calidad de adjudicataria de la obra de urbanización de ese sector".

Ya en 2010, el PSOE advirtió públicamente de que el Ayuntamiento se enfrentaba a 21 reclamaciones de comunidades de vecinos del barrio de Villa de Prado, por importe de al menos 25.000 euros, a consecuencia de las inundaciones en garajes de estos propietarios debidas a los problemas en las tuberías instaladas por la empresa concesionaria del ciclo del agua, Agualid, en la red de riego de la zona.

Las roturas de las tuberías afectaron a viviendas de las calles Monasterio de Nuestra Señora del Henar, Monasterio de Santa María de Montserrat, Monasterio de Santo Domingo de Silos, Monasterio de San Millán de la Cogolla o Monasterio del Paular.

Los vecinos y comunidades afectados exigieron al Ayuntamiento indemnizaciones por más de 25.000 euros distribuidas en 16 reclamaciones, más otras cinco que no cuantificaron entonces los daños sufridos.

Según la información a la que accedió en su día el Grupo Municipal Socialista, gran parte de las tuberías de riego instaladas por Aguas de Valladolid "no tenía el marcado que exige la normativa, y, por añadidura, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, VIVA, sólo realizó una de las dos pruebas exigibles por estas mismas normas, cuando recibió la obra, pese a lo cual, la consideró satisfactoria".

El PSOE ha calificado de "deplorable" la actitud del Ayuntamiento en este caso, ya que considera que "debería haber reconocido desde el primer momento el daño causado, haciendo frente a las reclamaciones sin obligar a los vecinos a acudir a los tribunales, y ocupándose posteriormente de reclamar, a su vez, a la empresa adjudicataria estos desembolsos".